¿13 millones legitiman una nueva Corte? La elección judicial entre el discurso ciudadano y el dominio partidista

El pasado 1 de junio, México fue escenario de una elección sin precedentes: por primera vez, la ciudadanía votó directamente para elegir a integrantes del Poder Judicial, desde jueces hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Un total de 13 millones de personas participaron, según cifras oficiales, en una jornada impulsada por el gobierno federal como emblema de la Cuarta Transformación.

Desde el oficialismo, el resultado fue presentado como una victoria democrática.

La narrativa es simple pero potente: “antes los ministros eran elegidos por 128 senadores; hoy los elige el pueblo”.

Con esta lógica, se ha querido legitimar no solo el ejercicio, sino el nuevo modelo completo de justicia en el país.

Pero detrás de esa lectura, la elección abre interrogantes complejas sobre su legitimidad, su representatividad y el papel real que jugó la ciudadanía.

¿Una elección “ciudadana”?

El gobierno federal promovió la elección como un ejercicio profundamente ciudadano. Sin embargo, en la práctica, la jornada estuvo marcada por la operación política de los partidos —especialmente Morena— que distribuyeron listas, “acordeones” y guías de votación.

En Chihuahua circularon listas de candidatos recomendados, lo cual, sumado a la escasa información oficial, favoreció el voto alineado con el partido en el poder.

La consecuencia fue clara: los nueve ministros electos para la Suprema Corte guardan algún tipo de filiación, simpatía o relación con Morena y con el proyecto de la 4T.

No se trata de una elección plural ni representativa en el sentido tradicional, sino de una conformación alineada con el bloque mayoritario en el Congreso.

Los votos nulos: una mayoría silenciosaUn dato que rompió récords fue el de los votos nulos, que alcanzaron el 10.80% a nivel nacional, la cifra más alta desde que se tienen registros comparables en elecciones federales desde 1994, de acuerdo con El Economista.

En Chihuahua, la situación fue aún más reveladora: los votos nulos superaron a todos los candidatos, al punto de que habrían ganado ampliamente si fueran una opción válida en la boleta.

Esto pone sobre la mesa el descontento o la desinformación que privó entre un sector significativo del electorado, así como el carácter simbólico y no necesariamente consciente del voto emitido.

Desinformación y percepción de imparcialidadUno de los estudios citados por El Economista muestra que el 40% de los votantes no sabía a qué poder del Estado correspondía el candidato o candidata por la que votaba, y un 18% dijo haber sido contactado directamente por alguna autoridad o intermediario para influir en su voto.

En entidades como Durango o la Ciudad de México, este porcentaje subió al 26% y 22% respectivamente, lo que revela una intervención significativa en la formación del voto.

Esta falta de información, sumada al activismo político partidista, ha encendido las alertas en organizaciones de la sociedad civil que advierten una peligrosa politización del Poder Judicial y una captura institucional desde el Ejecutivo.

¿Legitimidad por volumen?

La narrativa oficial insiste en que los 13 millones de votos validan el proceso, pero esa cifra representa aproximadamente el 20% del padrón electoral nacional.

Aún si se considera alto para un ejercicio extraordinario, el dato pierde fuerza ante el peso de los votos nulos y la desinformación ciudadana.

El punto de fondo es más profundo: ¿puede legitimarse una reforma estructural del Poder Judicial únicamente con base en una votación sin información, con intervención partidista, y con un resultado predecible desde el inicio?

¿Transformación o control político del Poder Judicial?

Lo ocurrido el 1 de junio abre un debate urgente. ¿Qué significa realmente democratizar la justicia? ¿Es suficiente con abrir el voto si las condiciones mínimas de imparcialidad, pluralidad e información no están garantizadas?

La elección judicial de 2025 podría quedar en la historia como el inicio de una nueva era… o como la formalización de una justicia subordinada al poder político.

En ambos casos, la pregunta sigue abierta: ¿13 millones de votos pueden reemplazar la independencia judicial?