435 candidaturas y 102 personas electas bajo acciones afirmativas quedan en riesgo con reforma electoral
La reforma electoral aprobada por el Congreso de Chihuahua el pasado 30 de junio pone en riesgo los avances alcanzados mediante las acciones afirmativas para grupos históricamente excluidos, advirtió Pamela Reyes, integrante del Colectivo Yo Elijo Regidor.
Reyes destacó que detrás de estas medidas existen décadas de organización, participación ciudadana, incidencia y litigio estratégico para abrir espacios de representación política que antes permanecían prácticamente cerrados para diversos sectores de la población.
Los resultados, afirmó, están documentados. De acuerdo con datos del Instituto Estatal Electoral, durante el proceso electoral 2023-2024 se registraron 435 candidaturas mediante acciones afirmativas destinadas a pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual.
De ese universo, 102 personas resultaron electas, lo que, sostuvo, demuestra que las acciones afirmativas no son únicamente disposiciones legales, sino mecanismos que han permitido transformar la integración de los espacios públicos.
“Detrás de cada número hay una persona que antes difícilmente habría llegado a una boleta o a un cargo de representación”, señaló.
La integrante de Yo Elijo Regidor cuestionó que la nueva reforma limite estas acciones y reduzca las facultades del Instituto Estatal Electoral para ampliar la protección de derechos. A esto se suma, dijo, la eliminación de la elección directa de regidurías.
Ante los cambios aprobados por el Legislativo, colectivos y organizaciones ya emprendieron una ruta jurídica para intentar revertirlos.
Reyes informó que hasta ahora se han promovido 30 juicios para la protección de los derechos político-electorales, así como cuatro incidentes de inejecución de sentencia relacionados con la elección directa de regidurías.
También se han presentado solicitudes para promover acciones de inconstitucionalidad ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el propio Congreso del Estado.
“Seguiremos utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles hasta lograr la derogación de la reforma del 30 de junio y garantizar que ningún derecho político sea reducido”, sostuvo.
Reyes enfatizó que la exigencia de los colectivos no busca defender privilegios, sino impedir que derechos construidos durante décadas sean nuevamente restringidos.
“Estamos defendiendo una democracia que debe ser cada vez más incluyente, más representativa y más cercana a las personas”, afirmó.
Por ello, planteó como exigencia central que el Congreso del Estado derogue la reforma electoral del 30 de junio y restituya plenamente los derechos que, desde su perspectiva, actualmente pretende restringir.