57 impugnaciones ponen en crisis la selección de jueces en Chihuahua

El proceso de selección de jueces locales en Chihuahua ha tomado un rumbo preocupante, evidenciando graves irregularidades y falta de transparencia por parte de los Comités de Evaluación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La reciente sesión del Pleno del Tribunal Estatal Electoral (TEE) expuso la magnitud del problema: 57 aspirantes excluidos del proceso han interpuesto juicios ciudadanos para la protección de sus derechos políticos-electorales, denunciando una serie de inconsistencias administrativas como argumento para su eliminación.

Más allá de los errores de procedimiento esgrimidos –que incluyen fallas en formularios y omisiones de documentos–, lo que realmente está en juego es la legalidad y legitimidad del proceso. La falta de justificación adecuada por parte de los Comités de Evaluación plantea serias dudas sobre si la exclusión de los aspirantes responde a criterios objetivos o si, por el contrario, se trata de un mecanismo de control político disfrazado de legalidad.

Lo más alarmante es la intención del Poder Legislativo de avanzar con un sorteo para la designación de jueces, sin esperar la resolución de los recursos presentados ante el TEE. Esto no solo vulnera los derechos de los aspirantes que impugnaron su exclusión, sino que también desacredita por completo la seriedad del proceso. ¿Cómo puede garantizarse la independencia judicial cuando los jueces son seleccionados al azar, en un esquema que se asemeja más a una lotería que a un procedimiento meritocrático?

El magistrado presidente del TEE, Hugo Molina Martínez, anunció que se ha solicitado a los Comités de Evaluación que justifiquen y motiven cada exclusión. Sin embargo, el problema no radica únicamente en revisar formalidades, sino en cuestionar un sistema que parece diseñado para favorecer intereses específicos en lugar de garantizar la imparcialidad de los juzgadores.

Si el Tribunal Estatal Electoral no actúa con firmeza para frenar este atropello, Chihuahua se enfrentará a una crisis de legitimidad en su sistema de justicia, donde los criterios políticos primen sobre la idoneidad y preparación de los jueces. La democracia y el Estado de derecho están en juego.