El reciente proceso llevado a cabo por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, para elegir a los integrantes del Comité de Evaluación que participará en la selección de personas juzgadoras, pone en evidencia una vez más las tensiones entre la política partidista y la búsqueda de una justicia independiente y profesional. Si bien el objetivo es seleccionar a los individuos más capacitados para evaluar a futuros jueces, el entramado político que envuelve este tipo de decisiones plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso.
El hecho de que las propuestas de los distintos grupos parlamentarios sean centralmente las que definen la composición del Comité ya introduce un primer problema: la tentación de hacer que los órganos de evaluación se conviertan en una extensión de los intereses partidistas. Las propuestas de nombres como Carla Durán Rodríguez, Yazmín Alejandra Rivera Castillo y Alfredo Issa Holguín por parte del PAN, o los nombres de Laura Alejandra de las Casas Muñoz y Héctor Jaime Terrazas Salcido de Morena, no solo son reflejo de las habilidades profesionales de los candidatos, sino también de las dinámicas internas de cada partido. En un contexto donde la política se mezcla frecuentemente con la justicia, la línea entre la idoneidad profesional y el favoritismo partidario puede volverse difusa.
Además, la forma en que se realizó el proceso —mediante entrevistas por orden de presentación de los nombres— podría interpretarse como un intento de minimizar la transparencia del mismo. Aunque las entrevistas públicas ofrecen un espacio para que los aspirantes se presenten ante la sociedad, el orden de la presentación de los nombres podría diluir la percepción de equidad. En política, el orden tiene una carga simbólica importante, y cuando el proceso está tan marcado por la influencia de los grupos parlamentarios, surge la duda sobre si las mejores decisiones serán realmente las que prevalezcan, o si la balanza se inclinará a favor de aquellos más cercanos a los partidos con mayor representación.
No es menor el hecho de que, mientras la JUCOPO promueve la idea de una “evaluación imparcial” de los aspirantes, esta misma JUCOPO está integrada por actores políticos con sus propios intereses y agendas. En este contexto, la independencia de la justicia parece verse comprometida desde el principio. Si el Comité de Evaluación está integrado principalmente por personas que responden a los intereses de los partidos, ¿cómo podemos confiar en que el proceso de selección de jueces será realmente objetivo y libre de presiones externas?
El panorama no se vuelve más alentador cuando analizamos la pluralidad de los nombres propuestos. Aunque es positivo que todos los grupos parlamentarios hayan tenido voz en la elección de los candidatos, esta diversidad también puede ser vista como una estrategia para asegurar una “equilibrada” representación, pero a su vez pone en evidencia que el proceso no está exento de negociaciones políticas. Cada grupo parlamentario busca garantizar que sus candidatos no solo sean los más capacitados, sino también los más cercanos a sus posturas ideológicas, lo cual es contradictorio con la esencia de un proceso judicial imparcial.
En conclusión, este proceso de selección del Comité de Evaluación es una clara manifestación de las dificultades que enfrenta el sistema judicial en términos de independencia. La influencia de los partidos políticos en la composición de órganos clave como este Comité podría socavar la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Poder Legislativo para garantizar una evaluación justa y objetiva de los aspirantes a jueces. La transparencia y la verdadera separación entre los poderes son fundamentales para que el proceso judicial sea percibido como legítimo, y en este caso, los signos de politización del proceso son innegables.
