La declinación de Myriam Hernández y las tensiones políticas en el Poder Judicial
La reciente declaración de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, de no participar en el proceso electoral de personas juzgadoras del Poder Judicial, marca un punto clave en las tensiones internas y externas que atraviesa el sistema de justicia en México. Este anuncio, que será oficializado el próximo 24 de enero, no solo abre interrogantes sobre el futuro liderazgo judicial en el estado, sino que también deja entrever un trasfondo político que no puede ser ignorado.
El anuncio se dio en un contexto cuidadosamente elegido: la invitación a su informe anual del próximo 12 de febrero, descrito por Hernández como “el inicio y el fin de muchas cosas”. Esta frase, además de críptica, parece sugerir un cierre de ciclos en un momento en que el Poder Judicial enfrenta un proceso de renovación que ella misma califica como resultado de una “venganza” política. Esta narrativa posiciona a Hernández como una figura que, lejos de ser neutral, asume una postura crítica frente a las reformas impulsadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a quien señala directamente como un actor ajeno al entendimiento de las leyes y movido por emociones personales.
Las reformas al Poder Judicial han generado un amplio debate nacional, principalmente por la percepción de que buscan restar autonomía a los tribunales y someterlos a intereses políticos. Hernández, al denunciar que estas reformas nacen de un ánimo revanchista, pone en evidencia un conflicto de fondo: la tensión entre el Ejecutivo federal y el Poder Judicial. Si bien la magistrada evita participar en la elección de nuevas personas juzgadoras, su discurso refuerza la narrativa de una resistencia interna frente a cambios percibidos como una amenaza a la independencia judicial.
El proceso de elección de magistrados y jueces, previsto para el 1 de junio, será un termómetro que medirá la capacidad del Poder Judicial para enfrentar este panorama de incertidumbre. Hernández subraya que la decisión de participar es “personalísima” para cada integrante del tribunal, una afirmación que busca proyectar imparcialidad, aunque el contexto político y sus propias declaraciones críticas dificultan esa percepción. Su aparente neutralidad podría interpretarse como un intento de mantenerse al margen de un proceso que ella misma parece cuestionar en legitimidad.
Más allá de su postura personal, el desafío radica en cómo estas instituciones podrán garantizar su autonomía y evitar convertirse en un campo de batalla político. El informe de Hernández del 12 de febrero y su declinación oficial el 24 de enero serán momentos clave para entender las implicaciones de su postura y el rumbo que tomará el Poder Judicial en el estado. Sin embargo, queda claro que la justicia, como principio fundamental del estado de derecho, no puede ser rehén de intereses políticos o personales.