El eco de la violencia en Chihuahua y la inseguridad que no cesa
El estado de Chihuahua sigue siendo un escenario marcado por la violencia y la inseguridad, y los recientes hechos ocurridos en enero de 2025 son una clara muestra de que la crisis no muestra signos de cesar. El hallazgo de 72 cuerpos en Casas Grandes, enterrados en 38 fosas clandestinas, se suma a una larga lista de tragedias que, lejos de ser resueltas, se perpetúan en el olvido. La mayoría de los restos, hallados en un terreno conocido como El Willy, datan de hace años, lo que subraya no solo la magnitud de la impunidad, sino también la continuidad del horror en una región donde la desaparición forzada y la violencia se han vuelto parte del paisaje diario. El hecho de que más de 4,000 personas estén desaparecidas en el estado, con más de 1,000 de ellas provenientes de Ciudad Juárez, resalta la grave crisis humanitaria que afecta a la región.
Estos hallazgos no deben ser interpretados únicamente como un recordatorio del pasado, sino también como una señal de que la violencia no solo persiste, sino que evoluciona y se fortalece con el paso del tiempo. En este contexto, es alarmante que el proceso de identificación y análisis de los cuerpos hallados apenas haya comenzado, y nos lleva a preguntarnos cuántos más están desaparecidos sin que el sistema de justicia logre avanzar con eficacia.
Por otro lado, el asesinato de Luis Alberto Olivas García, un agente fronterizo mexicano, demuestra la extensión de las redes criminales que operan en la región y cómo los carteles, como el Tren de Aragua, han trascendido las fronteras, involucrándose en crímenes violentos tanto en México como en Estados Unidos. La presencia de estos grupos delictivos, cada vez más sofisticados y violentos, agrava la situación de inseguridad no solo para los habitantes de Chihuahua, sino también para los migrantes que intentan atravesar la frontera en busca de una vida mejor. El hecho de que miembros de estas bandas sean responsables del asesinato de un servidor público refleja la imparable escalada de violencia en la que la impunidad y el miedo parecen prevalecer.
El panorama se torna aún más sombrío con el incremento de homicidios en la ciudad de Chihuahua durante 2024, que mostró un aumento del 11% en comparación con el año anterior. A esta tendencia se suma el trágico inicio de 2025, con 10 homicidios ocurridos solo en el primer día del año. La cifra refleja un patrón de criminalidad persistente, que no parece tener fin a pesar de los esfuerzos por contenerla. Y, como si fuera poco, los feminicidios también aumentaron, lo que evidencia una alarmante y creciente violencia de género en el estado.
La Inacción de Maru Campos y la politización del dolor
En medio de este panorama, la gestión de la gobernadora Maru Campos ha sido objeto de creciente crítica. La postura que ha adoptado sobre no “politizar” el tema de la inseguridad resulta no solo irresponsable, sino también desconectada de la realidad que viven los ciudadanos de Chihuahua. En un momento en que el estado atraviesa una de las etapas más críticas en términos de violencia, esta indiferencia política ante una crisis humanitaria refleja la falta de un enfoque integral y efectivo para enfrentar los problemas de seguridad que aquejan a miles de familias.
A lo largo de su mandato, Campos ha insistido en que la inseguridad no debe ser utilizada con fines políticos, lo que podría interpretarse como una estrategia para evadir responsabilidades o minimizar la gravedad de la situación. Sin embargo, la realidad es que la postura de “no politizar” no solo diluye la urgencia del tema, sino que invisibiliza el sufrimiento y las demandas legítimas de los ciudadanos que claman por justicia. En un estado donde las fosas clandestinas se descubren con alarmante frecuencia y los homicidios se incrementan año tras año, no hay espacio para un discurso que reste protagonismo al dolor colectivo en favor de una aparente neutralidad política.
El enfoque de Maru Campos parece evitar un debate profundo sobre las causas estructurales de la violencia, tales como la corrupción, la impunidad, y el poder de los cárteles de la droga. Esta estrategia puede ser vista como una forma de no confrontar a los actores políticos y económicos que han mantenido el statu quo de la violencia en el estado. En lugar de generar una conversación seria sobre cómo mejorar la seguridad, la gobernadora prefiere esquivar la responsabilidad de la gestión y la rendición de cuentas.
La incapacidad de asumir la magnitud de la crisis de inseguridad y la falta de un liderazgo claro en este tema esencial solo perpetúa la desconfianza en las autoridades y contribuye a la sensación de abandono entre la población. La seguridad no es un tema que pueda permitirse el lujo de ser tratado con indiferencia, ni mucho menos con el afán de no politizarlo. En lugar de ignorar el impacto de la violencia y la desaparición forzada, el gobierno de Maru Campos debería poner la seguridad de los ciudadanos en el centro de la agenda política, adoptando estrategias integrales que, además de combatir el crimen, reparen el tejido social dañado por años de impunidad.
Lo que queda claro es que el estado de Chihuahua sigue atrapado en un círculo vicioso de violencia, desinformación y falta de justicia. Las fosas clandestinas, los asesinatos de funcionarios y el incremento de crímenes de todo tipo son solo la punta del iceberg. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para contener la violencia, parece que cada intento solo se ve opacado por la magnitud de la crisis. Es urgente que se tomen medidas más efectivas para erradicar la impunidad y la corrupción que siguen alimentando el poder de los grupos criminales, así como un enfoque más humanitario en la protección de las personas vulnerables, como los migrantes, en esta región del país.
El futuro de Chihuahua parece depender de un giro en la estrategia de seguridad, pero mientras tanto, las fosas clandestinas siguen acumulando restos humanos y el miedo, lejos de disminuir, sigue apoderándose de la gente. La violencia no es solo un número más en las estadísticas, es una herida abierta que exige una respuesta contundente y una reparación profunda. Y, en este contexto, la gobernadora debe reconsiderar su postura, pues la indiferencia política no es el camino para superar la crisis que atraviesa el estado.