¿Quién vigila al vigilante?
La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua vuelve a estar en el centro de la polémica tras adjudicar de manera directa un contrato por $578,144.00 pesos para la producción y edición de contenido audiovisual, bajo el expediente Licitación Pública No. ASE-LP-01-2024.
Más allá del monto, lo que genera suspicacia es la opacidad del proceso. Publicado el 14 de marzo de 2024, el procedimiento se cerró en cuestión de horas con la adjudicación directa a un único proveedor: Jairo C. S. S. La ASE justificó la falta de competencia argumentando que “no existen bienes o servicios alternativos”, una excusa difícil de sostener en un mercado saturado de empresas dedicadas a la producción audiovisual.
Este tipo de asignaciones directas contradicen los principios de transparencia, eficiencia y competencia, que deberían regir toda contratación pública.
Más preocupante aún es que esta práctica provenga de la institución encargada de fiscalizar el uso de los recursos estatales.
Resulta irónico —y alarmante— que el organismo que debe vigilar la legalidad incurra en procedimientos que recuerdan al influyentismo y al favoritismo. La celeridad con la que se otorgó el contrato solo aumenta las sospechas.
No hubo tiempo real para la presentación de otras propuestas ni un análisis comparativo que garantizara la mejor opción en términos de calidad y precio.
Todo apunta a una adjudicación con nombre y apellido desde su origen.Más grave aún es que esta no es una excepción, sino parte de un patrón.
Durante 2024, la ASE destinó más de 1.5 millones de pesos en conceptos de “difusión” de los resultados de fiscalización, superando el millón de pesos solo en este año.
En cualquier otro municipio más pequeño, estos gastos serían catalogados como injustificados.
Es difícil entender cómo destinar tal cantidad de recursos a la autopromoción contribuye realmente a la rendición de cuentas.
En un contexto donde el discurso de la austeridad y la transparencia es una constante, resulta especialmente preocupante que un organismo de fiscalización opere bajo esquemas de contratación opacos y sin licitación.
¿Qué mensaje se está enviando a las demás dependencias estatales? ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en una auditoría que no aplica en sí misma los principios que exige a otros?
Este caso exige una revisión inmediata por parte de los órganos internos de control y una explicación pública por parte de la ASE.
Porque si quienes deben vigilar el correcto uso de los recursos públicos no actúan con apego a la norma, ¿quién vigila entonces al vigilante?