La deuda de Pensiones
La comparecencia del director de Pensiones Civiles del Estado y su equipo ante el Congreso dejó más dudas que respuestas.
En teoría, se trataba de aclarar el panorama financiero de la institución, pero bastaron un par de respuestas para encender las alertas entre los diputados.
El director de Prestaciones Económicas reconoció dos datos clave: primero, que del adeudo total que diversas entidades tienen con Pensiones —estimado en 9 mil millones de pesos—, cerca del 50% corresponde a recargos. Segundo, que, legalmente,
Pensiones no puede cobrar recargos… al menos no de esa forma.
La ley sólo le permite cobrar recargos sobre los préstamos personales que otorga, no sobre aportaciones patronales o cuotas.
Entonces, ¿por qué se contabilizan como deuda esos recargos? ¿Con qué propósito se inflan las cifras? ¿Quién autorizó ese criterio?
Las respuestas no llegaron, pero el dato quedó en actas.
En el Legislativo algunos ya huelen que no es sólo un desliz contable: se trata de construir una narrativa de crisis para justificar decisiones futuras.
Y mientras tanto, la cifra crece, los pasivos se acumulan, y el margen para una verdadera reestructura se achica.
¿Qué tan real es la deuda de Pensiones? Es la pregunta que ahora todos se hacen… menos los que deberían responderla.
El otro conteo que duele: 22 choferes siguen desaparecidos
Mientras las campañas van y vienen, hay un tema que no termina de colocarse en la agenda pública con la fuerza que merece: la desaparición de choferes de plataformas, transportistas y taxistas.
De 2021 a 2024 se acumularon 120 denuncias, de las cuales 22 siguen sin resolverse.
El dato es demoledor: 32 de los localizados fueron hallados sin vida.
Y los municipios más afectados son, como era de esperarse, Ciudad Juárez y la capital del estado.
Detrás de estos casos no hay sólo estadísticas: hay familias, hay temor, hay silencio.
Y según el propio fiscal César Jáuregui, mucho de esto está vinculado al tráfico de personas y a la violencia criminal. E
n otras palabras, no son hechos aislados.
En medio del fragor electoral, este tipo de temas apenas y se mencionan.
Pero tarde o temprano, el costo político de mirar para otro lado también se cobra.
Los “acordeones” quedan prohibidosDe cara a la inédita elección judicial del próximo domingo, el Consejo General del INE —es decir, todas y todos los consejeros— determinó de forma unánime que el uso de los llamados “acordeones” o guías impresas para inducir el voto es una acción ilegal, equiparable a la compra de sufragios.
La medida busca evitar que actores políticos o terceros interfieran con la voluntad libre del electorado.
Eso sí: si un ciudadano lleva consigo una nota personal o recordatorio hecho por su cuenta, eso no es sancionable.
Lo que el INE prohíbe es el reparto de papeles preimpresos, muchos de los cuales circulan ya con el formato oficial e incluso con logotipos institucionales, lo que puede generar confusión deliberada.
La fiscalización se va a endurecer. La Unidad Técnica del INE y la Fiscalía Electoral ya investigan quién está detrás de la producción y distribución de estos materiales.
No se descarta que partidos políticos estén moviendo la mano, aprovechando la falta de costumbre ciudadana en este nuevo tipo de votación.
Así que, en resumen: el voto es libre, sí; puedes llevar tus notas, también. Lo que no se vale es que alguien más te diga por escrito a quién elegir.