Violencia sin tregua, narrativa sin pausa
Mientras la narrativa oficial insiste en que los índices delictivos van a la baja, los hechos registrados en zonas como Aldama y Ojinaga cuentan otra historia.
A plena luz del día, escenas dantescas como cuerpos desmembrados son hallados en carreteras, configurando un escenario que ya rebasa los límites de la violencia habitual.
En este contexto, la Fiscalía General del Estado mantiene una línea de comunicación en la que destacan supuestas disminuciones en los índices criminales en comparación con años anteriores.
Sin embargo, los videos, imágenes y reportes ciudadanos que circulan diariamente muestran una realidad paralela que inquieta a la población.
Y mientras tanto, el Fiscal General ha sido visto en reuniones de corte más político que institucional.
La semana pasada, en el restaurante Mochomos, compartió mesa con Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN, y con Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno.
También se le ha visto en reuniones con estructuras del PAN, socializando el trabajo de la Fiscalía.
Una presencia activa, sí, pero no necesariamente donde más se le espera.
La gente en las calles no habla de números, habla de miedo.
Centinela: ojos que no ven…
En este mismo entorno, reaparece el cuestionamiento sobre los resultados de los subcentros regionales.
Un ejemplo es Ojinaga, donde la violencia es cada vez más visible, poco se ha notado su impacto.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha reiterado que hay coordinación con otras instancias.
No obstante, las carreteras siguen siendo un punto ciego, y los subcentros, como el de la región, no parecen estar ofreciendo los resultados esperados.
La promesa de tecnología de punta y vigilancia constante parece, al menos en algunas zonas, una promesa aún sin cumplir.
El TMEC y la advertencia de Manque Granados
Desde otra trinchera, la diputada federal, Manque Granados, lanzó una advertencia con claridad meridiana: México no está en condiciones de presentarse a una renegociación del T-MEC en 2025.
A su juicio, falta preparación y visión estratégica. Esto lo expresó en un evento empresarial, donde también enfatizó que Chihuahua debe asumir un liderazgo industrial que no puede dejar en manos ajenas.
Lo que llama la atención no es solo el fondo de su postura —válida para el análisis—, sino la firmeza con la que lo expresa justo cuando el panorama nacional se encamina a una transición política, con nuevos liderazgos y una agenda económica en construcción.
Ni agua, ni respuesta
En colonias como Arco de Cantera, Arco del César, Arco Contemporáneo y Portales, el tema del agua ha encendido las alarmas.
Vecinos reportaron quedarse sin servicio por tres días consecutivos, en plena ola de calor, sin que llegara el apoyo prometido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).
La solución oficial ofrecida consistía en el envío de pipas, pero los testimonios indican que estas nunca llegaron.
Ante la necesidad urgente, los propios vecinos han tenido que contratar el servicio de forma privada.
Aun cuando personal de la JMAS declaró que ya hay una estrategia de atención en puerta, lo cierto es que, hasta ahora, los tinacos siguen vacíos y la incertidumbre llena los hogares.
En el discurso, se reconoce el derecho humano al agua potable. En los hechos, hay colonias completas que tienen que costear por su cuenta algo tan básico como una cubeta.
Fuero y justicia diferida
El diputado local panista Saúl Mireles Corral enfrenta una demanda civil por parte de su excuñado, Mario René E.B., quien lo señala por discriminación y daño moral.
La denuncia parte de una acusación hecha por el legislador en 2018, cuando presentó una querella por presunto abuso sexual en contra de Mario René, sustentada únicamente en su orientación sexual.
El caso no prosperó jurídicamente: fue desestimado por la Fiscalía por inexistencia del delito.
Sin embargo, las secuelas fueron graves. El afectado sufrió trastornos emocionales, retraso académico y una crisis severa de salud mental.
Ante la imposibilidad de proceder penalmente contra el diputado —protegido por el fuero—, el afectado optó por la vía civil.Lo que siguió fue un proceso lento, lleno de evasivas y recusaciones. Incluso se logró que el juez del caso se excusara tras una presión argumentativa que fue calificada como falaz e irrespetuosa.
No es la primera vez que se señala a la familia del legislador de operar desde una posición ventajosa en el sistema judicial.
Este caso abre una serie de cuestionamientos: el uso del fuero más allá de su propósito constitucional, el control legislativo como escudo de impunidad, la criminalización de la diversidad sexual como mecanismo de presión en contextos familiares conservadores, y la fragilidad del acceso a la justicia civil frente al blindaje partidista.