Denuncian Brenda Ríos, Marco Quezada y Miguel La Torre contrato irregular a empresa fachada disfrazada de laboratorio clínico

En conferencia de prensa, la diputada local Brenda Ríos, acompañada por los exlegisladores Marco Quezada y Miguel La Torre, denunció un presunto caso de simulación empresarial, conflicto de interés y posible uso indebido de recursos públicos, relacionado con la adjudicación de un contrato a Dx-Laboratorio, empresa que —según afirmaron— opera bajo condiciones irregulares.

La denuncia se centra en la empresa OM.I3 Agencia Creativa S. de R.L. de C.V., constituida en marzo de 2022 como agencia de publicidad y comunicación.

De acuerdo con documentación oficial, esta razón social modificó su objeto social en septiembre de 2024 para transformarse, de manera abrupta, en prestadora de servicios de análisis clínicos.

“De agencia de publicidad a laboratorio clínico… en tres meses”, fue una de las frases que encapsuló la gravedad de la denuncia.

El mismo día del cambio de giro, los socios originales —cuatro médicos— vendieron la totalidad de sus acciones a Marcela Bonilla Ramos y Marlisse Valeria Díaz Mendoza, ambas sin experiencia previa en el sector salud.

Lo que sí comparten es un historial como proveedoras de servicios de limpieza a dependencias municipales y estatales.

El 31 de diciembre de 2024, las nuevas accionistas capitalizaron la empresa con $3.45 millones de pesos, llevando su capital social a $3.5 millones: la cifra exacta exigida en las bases de la convocatoria pública emitida el 8 de enero de 2025.

Semanas después, la empresa fue beneficiada con el contrato para operar como laboratorio clínico.Subrogación y fachadaSegún expusieron los denunciantes, Dx-Laboratorio no cuenta con la infraestructura ni personal técnico suficiente para operar de manera autónoma.

Documentos y testimonios señalan que una gran parte de los análisis clínicos son subrogados a terceros, particularmente a Laboratorio Palmore.

Además, la diputada Brenda Ríos afirmó que la empresa no cumplió con requisitos fundamentales establecidos en la convocatoria pública, como:

Currículum que acredite experiencia en el giro.

Contratos previos con al menos un año de operación.

Licencia sanitaria emitida a nombre de la razón social participante.

Exigen investigación

Ríos, Quezada y La Torre solicitaron que tanto las autoridades fiscalizadoras como los órganos internos de control del estado y municipio realicen una investigación a fondo para deslindar responsabilidades y garantizar que los contratos públicos no sirvan como vehículos de simulación o enriquecimiento indebido.

“Estamos hablando de una empresa sin experiencia, sin infraestructura suficiente, creada con una estructura legal modificada apenas unos meses antes, y que recibió un contrato para brindar servicios médicos a los ciudadanos. Esto no solo es irresponsable, es alarmante”, concluyó la legisladora.