Eliminación del Coneval enciende alertas: acusan intento de opacidad en medición de pobreza

La reciente aprobación de la reforma que elimina al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha provocado una fuerte reacción por parte de legisladores de oposición, quienes acusan que se trata de una medida que debilita la transparencia, pone en riesgo la evaluación objetiva de los programas sociales y podría dar paso al uso político de la pobreza.

La reforma, respaldada por Morena y partidos aliados, transfiere las funciones del Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), incluyendo la medición multidimensional de la pobreza y la evaluación de políticas públicas sociales, sin garantizar un mecanismo de independencia técnica.

Para el coordinador de los diputados del PRI en Chihuahua, Arturo Medina, esta decisión representa un atentado contra la transparencia y un intento del gobierno por ocultar los resultados reales de sus políticas.

“Morena no quiere terminar con la pobreza, quiere desaparecerla de los datos. Eliminan las herramientas que le permiten a la ciudadanía saber si los programas funcionan”, expresó.

Medina argumentó que, sin una institución técnica y autónoma como el Coneval, el país se queda sin un contrapeso que dé cuenta del impacto real de la política social.

“La pobreza no se combate con propaganda. Las condiciones de inseguridad, la falta de obra pública y el uso electorero de los recursos solo profundizan la desigualdad”, añadió.

En el mismo sentido, la diputada federal por Chihuahua, María Angélica Granados, advirtió que esta reforma representa un “grave retroceso”.

“La 4T eliminó al único órgano que nos decía si los programas sociales realmente funcionaban. Hoy el gobierno se califica a sí mismo, y claro, va a decir que todo está perfecto”, señaló.

Granados también expuso preocupaciones técnicas: “El Inegi no tiene mandato ni estructura para evaluar políticas públicas. Incluso su propia titular admitió que se necesitan reformas profundas para asumir esa tarea”.

Entre los puntos que resaltó están la pérdida de especialización, el debilitamiento institucional, el riesgo de captura política de los datos y la desprotección laboral de más de 130 trabajadores del Coneval.

Ambos legisladores coincidieron en que más allá de una medida administrativa, la eliminación del Coneval representa una censura institucional y una regresión en la rendición de cuentas.

Mientras tanto, el gobierno federal defiende la reforma como parte de un proceso de reestructuración para simplificar funciones, aunque sin detallar cómo garantizará la objetividad de las mediciones futuras.