Fiscalía reclasifica caso de Arturo Fuentes Vélez como peculado agravado por 98.6 millones de pesos
– También se ordenó el aseguramiento de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias del exfuncionario y su familia; autoridades no revelan montos por disposición legal
La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua informó este jueves que, tras un análisis jurídico y técnico, reconfiguró el caso contra Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda, como delito de peculado con penalidad agravada por un monto de 98.6 millones de pesos, originalmente catalogado como “uso ilegal de atribuciones”.
La reclasificación permitió evitar la prescripción del delito, que de haber continuado con la tipificación inicial, podría haber quedado impune.
El nuevo enfoque legal dio pie a nuevas órdenes de aprehensión y una carpeta de investigación más robusta, sustentada con peritajes contables, evidencia documental y declaraciones ministeriales.
“Esta actuación permitió salvaguardar la legalidad del proceso (…) y garantizar que la conducta delictiva no quedara impune por vicios formales o errores políticos de origen”, expresó el fiscal anticorrupción.
La investigación gira en torno a la contratación irregular del despacho “López Heridas Finanzas Públicas CSF”, al cual se habrían canalizado los casi 100 millones de pesos sin que existieran entregables ni justificación legal en el decreto aprobado por el Congreso del Estado para la reestructuración de la deuda pública.
Aseguran cuentas y bienes, pero sin revelar montos
Como parte de las medidas cautelares autorizadas por un juez, la Fiscalía logró el aseguramiento de bienes inmuebles registrados a nombre de Fuentes Vélez, así como el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a él, su esposa (dos cuentas) y su hija (una cuenta).
“La medida impide que los recursos sean ocultados, transferidos o dilapidados y permite preservar activos que podrían destinarse a la reparación del daño”, se explicó durante la presentación.
Sin embargo, las autoridades no informaron el monto económico bloqueado, argumentando que esta información está protegida por restricciones legales, ya que forma parte de una investigación en curso y se encuentra bajo resguardo judicial.
Proceso vigente y sin carpetas caídas
El exsecretario de Hacienda promovió un juicio de amparo en 2023 para dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra, pero un juez federal negó la protección constitucional, considerando que existen elementos suficientes para acreditar su probable participación en el delito de peculado.
“Nadie está por encima de la ley (…) y hasta hoy no se nos ha caído ninguna carpeta, ni en tribunales locales ni federales”, sentenció el fiscal.Contexto del caso
El presunto desvío de los 98.6 millones de pesos se detectó tras una auditoría de la Auditoría Superior del Estado.
Los recursos habrían sido desviados a través de una consultoría no permitida legalmente para intervenir en la reestructuración de deuda.
La Fiscalía sostiene que el delito fue cometido por una cadena de funcionarios: quien dio la orden, quien la ejecutó y uno de los beneficiarios, todos con orden de aprehensión vigente.