Guadalupe y Calvo: seguridad a gritos, política en exceso y resultados a cuentagotas
En plena crisis de violencia en la Sierra Tarahumara, el municipio de Guadalupe y Calvo volvió a colocarse en el foco mediático y político, esta vez con la instalación de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, encabezada por la gobernadora Maru Campos y su gabinete de seguridad.
A primera vista, el evento pareció enviar un mensaje claro de respaldo institucional. Estuvieron presentes el fiscal general César Jáuregui Moreno, el secretario general de Gobierno Santiago de la Peña, así como mandos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía General del Estado.
Todos con un solo discurso: recuperar la paz en uno de los municipios más golpeados por el crimen organizado.
Sin embargo, la realidad en el territorio supera por mucho las buenas intenciones.
La alcaldesa Ana Laura González —quien ha sido crítica del abandono estatal— exigió públicamente que se atienda la violencia con urgencia.
“La seguridad no puede esperar”, dijo en medio del acto protocolario.
Pero también ella ha sido blanco de cuestionamientos, sobre todo por sus mensajes a la ciudadanía en redes sociales donde pide que “no salgan de sus casas”, lo cual ha sido interpretado como un acto de rendición ante el poder criminal y una falta de liderazgo frente a la crisis.
El vacío de autoridad ha sido aprovechado por la Guardia Nacional, que en la práctica ha tomado el control de la seguridad en el municipio.
La presencia estatal ha sido esporádica y reactiva. Solo cuando estallan hechos graves —como emboscadas o bloqueos carreteros— se monta el aparato gubernamental.
Durante el evento, la gobernadora aseguró que “no están solos”, y prometió el uso de “toda la fuerza del Estado”.
El fiscal Jáuregui advirtió que habrá operativos sostenidos. Pero esas promesas suenan conocidas. Guadalupe y Calvo ya ha visto mesas de seguridad, despliegues temporales y discursos encendidos… lo que no ha visto es una estrategia consistente y de largo plazo.
El municipio vive un estado de excepción no declarado. Las comunidades están aisladas, muchas familias desplazadas, y el miedo es parte de la rutina diaria.
En ese contexto, las visitas oficiales sin resultados concretos solo alimentan el desgaste ciudadano y la desconfianza en las instituciones.
Si bien es cierto que los esfuerzos por parte del gobierno estatal deben reconocerse, también lo es que han llegado tarde, con poca coordinación interinstitucional y sin una ruta clara para atender el problema estructural de fondo: la ausencia del Estado en buena parte del territorio serrano.
Por otro lado, el liderazgo municipal ha mostrado señales de debilidad.
Pedirle a la población que no salga de sus casas no sustituye una estrategia de protección civil ni de gestión de crisis.
Y menos cuando no se ve un plan para fortalecer las capacidades locales.
En suma: en Guadalupe y Calvo la seguridad sigue siendo una demanda a gritos, la política un espectáculo recurrente y los resultados, escasos y a cuentagotas.
La población ya no pide discursos ni mesas de coordinación, pide que vuelvan la tranquilidad, el libre tránsito y la vida digna.