Gobierno de Maru se deslinda de paridad impuesta… pero fuentes apuntan a orden directa desde Palacio
Mientras el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, manifestaba su “preocupación” por las recientes modificaciones en el Poder Judicial de Chihuahua —que revirtieron cinco magistraturas originalmente otorgadas a varones para ser entregadas a mujeres—, fuentes cercanas al proceso aseguran que fue precisamente desde la Secretaría General de Gobierno donde partió la instrucción de dar marcha atrás a esas designaciones.
La decisión, justificada públicamente como cumplimiento a un nuevo criterio de paridad de género, ha generado revuelo en el ámbito político y judicial. Según De la Peña, la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vulnera la certeza jurídica, al modificar criterios tras una elección judicial que ya se había llevado a cabo “en orden y paz”.
“Seguimos teniendo sorpresas derivadas de los cambios impulsados por la llamada Cuarta Transformación”, dijo el funcionario, acusando injerencia de la 4T y señalando que las reglas “se cambian en medio del proceso”.
Sin embargo, el discurso institucional choca con versiones extraoficiales, según las cuales la revocación de cinco nombramientos fue ejecutada con pleno conocimiento —e incluso orden directa— de la Secretaría General de Gobierno estatal, en un movimiento estratégico para controlar las nuevas designaciones bajo el argumento de paridad.
La contradicción se profundiza con el tono crítico de De la Peña hacia la reforma constitucional federal, cuando en Chihuahua se homologó sin reservas ese mismo marco jurídico, y el Gobierno del Estado promovió una supuesta “transparencia” en la reciente elección judicial.
“La gobernadora Maru Campos y su equipo hemos sido respetuosos de la ley”, insistió De la Peña, aunque matizó que “no deja de ser extraño que desde el legislativo federal se pongan reglas y luego se cambien en medio del proceso”.
El secretario lamentó que cinco hombres ya electos hayan quedado fuera, aunque también reconoció que las nuevas magistradas —cuya entrada ya se prepara con capacitaciones express— tendrán ocho años para desempeñar su función.
La paradoja es evidente: mientras el Gobierno estatal afirma acatar con “institucionalidad” la decisión del tribunal, diversos actores políticos y del Poder Judicial advierten que el golpe de timón no fue producto del TEPJF, sino de una instrucción local disfrazada de mandato federal.
Una jugada de ajedrez político donde, al final, todos se lavan las manos.