Despojo con permisos oficiales: acusan a notaría y municipio de destruir propiedad familiar
Denuncia por despojo revela red de complicidad entre autoridades y notaría en ChihuahuaUna denuncia presentada por Angélica María Barragán Grajeda ante la Fiscalía General del Estado ha destapado un presunto caso de despojo de propiedad en el que estarían involucradas diversas autoridades municipales, una notaría pública y el Registro Público de la Propiedad.
La historia gira en torno a un inmueble ubicado en la calle Emiliano Zapata #220, en la colonia Francisco Villa de esta capital.Barragán alega que fue presionada y amenazada por la Notaría Pública No. 29, cuyo titular es el licenciado Víctor Eugenio Anchondo Santos, para firmar la extinción del régimen de patrimonio familiar que protegía su vivienda.
De negarse, le advirtieron que sería demandada ante instancias judiciales.
El inmueble había sido originalmente registrado en nombre de su madre, María del Socorro Grajeda Arias, en 1996, bajo dicho régimen.
La situación se tornó aún más compleja cuando, a pesar de la negativa del Registro Público para aceptar la compraventa del predio, la propiedad fue derribada y se comenzó a construir una nueva edificación, supuestamente con el aval de la Presidencia Municipal y la Dirección de Obras Públicas.
Una compraventa forzadaEl 29 de junio de 2021 se celebró un contrato de compraventa entre Barragán y un comprador identificado como Moisés Molina Manquero, pese a que el inmueble seguía protegido legalmente.
La operación fue rechazada por el Registro Público por ese motivo, pero Barragán afirma que fue víctima de amenazas para forzar la firma de la extinción del patrimonio familiar.
“No solo me presionaron, también destruyeron mi casa sin que yo lo autorizara. Obras Públicas dio permisos como si yo ya no fuera la propietaria”, señala la denunciante en su querella formal, registrada bajo el número único de caso 19-2024-0002902.
Permisos ilegales y derrumbeBarragán acusa a la Notaría 29, al Registro Público, y a autoridades municipales de actuar en contubernio para permitir el despojo físico y legal del inmueble. Obras Públicas habría emitido permisos de construcción que derivaron en la demolición del predio, a pesar de que el comprador no contaba con escrituras legítimas ni era formalmente el propietario.
En los documentos anexos a la denuncia se incluye incluso un estado de cuenta predial del año 2025, ya a nombre de una empresa: Ferretería Molina de Chihuahua S.A. de C.V., lo que sugiere una posterior venta o adjudicación del inmueble.Solicita investigación penalBarragán solicitó la intervención de peritos en ingeniería civil para valorar los daños y pidió que se deslinden responsabilidades penales contra quienes resulten responsables de los presuntos delitos de despojo, daño a propiedad ajena, abuso de autoridad y falsedad en documentos públicos.
El caso ha comenzado a generar inquietud en sectores ciudadanos, ya que podría evidenciar un patrón más amplio de abusos de poder en temas de propiedad y corrupción institucional en el municipio de Chihuahua.