Recupera ASE más de mil millones… pero las sanciones caen en entes pequeños; grandes deudores siguen sin tocarse

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua presume haber recuperado en seis años un total de $1,029 millones 754 mil 925 pesos, casi lo mismo que cuesta su operación en ese periodo.

Sin embargo, gran parte de las sanciones aplicadas han recaído sobre entes pequeños, mientras que los grandes deudores y dependencias de mayor peso presupuestal siguen sin sancionarse.

Así lo expuso el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, al presentar el Informe Anual de Avances 2025 ante la Comisión de Fiscalización del Congreso local.

De acuerdo con el funcionario, el 91% de las recuperaciones provienen de procedimientos de auditoría, el 4% de sanciones aplicadas por el FEJA y el 5% por sentencias penales con reparación del daño.

Durante el primer semestre de 2025, la ASE presentó más de mil denuncias (promedio de dos por día hábil), de las cuales 140 son penales y 227 administrativas por faltas graves como conflicto de interés, desvío de recursos y peculado.

Pero en el terreno de los Órganos Internos de Control (OIC) municipales, el panorama cambia: en cinco años se han remitido 2 mil denuncias por faltas menores y sólo 5% se tradujo en sanción.

El resto quedó archivado “por falta de elementos”.

Acosta fue claro: “Es un hoyo negro. Mientras que nosotros tenemos casi un 40% de efectividad, en los OIC no llegan ni al 5% de sanción”.

Un ejemplo que refleja la lentitud del proceso es la recuperación de recursos adeudados a la Pensión Civil del Estado (PCE): tardó siete años para “lograr” recuperar parte de la deuda, y hasta ahora no hay un solo procesado de la actual administración estatal por esta falta de pago, lo que pone en evidencia los límites de la fiscalización frente a entes con mayor peso político y financiero.

Fuentes internas señalan que, si bien la ASE actúa contra entes de menor tamaño, dependencias estratégicas como la Secretaría de Hacienda estatal, que concentran las mayores observaciones y deudas, no han sido objeto de sanciones visibles ni de auditorías forenses.

Esto abre el debate sobre si las acciones de fiscalización están siendo realmente equilibradas o si la lupa se coloca donde hay menos resistencia política.