Seguridad en manos de un influencer y un fiscal en campaña
La ingobernabilidad en Chihuahua llegó a tal nivel que el propio Gobierno del Estado tuvo que suspender clases en Parral por inseguridad, exhibiendo la incapacidad de las autoridades para garantizar condiciones mínimas de protección mientras sus titulares de seguridad se concentran en proyectos políticos personales.
La suspensión de clases en Parral por motivos de inseguridad —una decisión prácticamente inédita en la historia reciente del estado— confirmó lo que el Gobierno de Chihuahua había intentado evitar: reconocer que la violencia ya rebasó su capacidad de respuesta.
El secretario de Educación, Hugo Gutiérrez, admitió que los planteles cerraron debido al clima de riesgo en la región, una medida que tradicionalmente solo se aplicaba por fenómenos meteorológicos.
El reconocimiento ocurre en el peor momento, cuando los responsables directos de la seguridad pública están enfocados en construir sus propias rutas políticas.
Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública, se ha convertido en una figura más cercana a un influencer que a un funcionario: administra la narrativa desde redes sociales, con videos, montajes, seguidores organizados y una agenda que parece orientada más al 2027 que a la realidad que enfrenta Chihuahua.
Mientras la violencia escala, él opera la seguridad desde el TikTok.
Pero el caso del fiscal César Jáuregui es aún más evidente. Su agenda institucional se ha convertido en un catálogo de reuniones sociales organizadas por la propia Fiscalía, encuentros que, lejos de fortalecer la procuración de justicia, funcionan para socializar su proyecto político.
Jáuregui encabeza las encuestas internas del PAN para la alcaldía de Chihuahua, y sus apariciones públicas se alinean más a ese objetivo que al combate de la violencia que mantiene en vilo a diversos municipios.
Frente a este panorama, fueron diputados locales de Morena quienes lanzaron el señalamiento más duro: si Loya y Jáuregui están más interesados en sus aspiraciones electorales que en atender la crisis de inseguridad, deben renunciar.
Advirtieron que no se puede utilizar el cargo público como trampolín político mientras la ciudadanía enfrenta un clima de riesgo permanente.
Con Parral, la capital y otros municipios afectados por episodios constantes de violencia, el contraste es inevitable: por un lado, un gobierno que admite que no puede garantizar la seguridad básica de estudiantes y maestros; por el otro, sus principales operadores distraídos en redes, reuniones sociales y cálculos electorales.
La ingobernabilidad ya no es una acusación de la oposición: es un hecho reconocido por el propio gobierno estatal y agravado por las prioridades personales de quienes deberían encarar la crisis.