PRI analiza nuevos cambios al dictamen de la Ley General de Aguas
El diputado federal del PRI, Alejandro Domínguez, informó que su bancada realizará este martes un análisis puntual del nuevo dictamen de la Ley General de Aguas, luego de una semana de protestas de productores que incluyeron plantones, toma de carreteras y bloqueos en puentes internacionales.
Domínguez detalló que las manifestaciones surgieron por tres temas principales: el rezago en el pago de un programa de compra de granos —con adeudos que ascienden a 2,300 millones de pesos desde 2020—, la inseguridad en las carreteras y las reformas impulsadas por la Presidencia de la República en materia hídrica.
Sobre este último punto, explicó que los productores han expresado preocupación por la transmisibilidad de pozos y derechos de agua, la centralización del control del recurso, la criminalización del uso del agua y la falta de contemplación del sector pecuario en la iniciativa original.
Señaló además cuestionamientos sobre el manejo industrial, como la retención de agua en jales mineros.
El legislador recordó que productores de Chihuahua presentaron 12 planteamientos relacionados con el tema del agua, de los cuales la autoridad federal solo accedió a modificar cinco.
Un nuevo dictamen se circuló el sábado y será discutido este miércoles en comisión.Entre los cambios, indicó que se incorpora una definición de “uso agropecuario familiar”, aunque únicamente para efectos de sostenimiento familiar, sin incluir regulación de pozos pecuarios, acequias, abrevaderos, jagüeyes o bordos.
También se reconoce la posibilidad de transmitir títulos de agua, ya sea por venta del predio con pozo o por transferencia de derechos, pero sujeta a reglas que emitirá la autoridad del agua, cuya naturaleza aún no se detalla.
Domínguez destacó que el dictamen concentra en Conagua la toma de decisiones sobre los distritos de riego, eliminando la participación de los propios usuarios en administración e inversión.
Además, señaló que persisten los tipos penales, ahora denominados “delitos contra las aguas nacionales”, con penas que van de tres meses a cinco años y multas de hasta 200 UMAs, o de seis meses a siete años en otros supuestos.
El diputado advirtió que diversas disposiciones quedan sujetas a criterios administrativos, lo que podría generar incertidumbre debido a las facultades que se otorgarían a la autoridad del agua.
Añadió que el proyecto mantiene un enfoque centralista y que no aborda de manera clara el uso industrial del recurso.La bancada del PRI revisará estos puntos durante su sesión plenaria para fijar una postura previa a la discusión en comisiones.