Mario Vázquez desmiente a Morena: “Sí se rompe el vínculo tierra-agua” y advierte uso político de reasignaciones
El senador panista Mario Vázquez lanzó una advertencia frontal al gobierno federal y a los senadores de Morena: la nueva legislación sí rompe el vínculo tierra-agua, pese a que la narrativa oficial insiste en lo contrario.
De acuerdo con Vázquez, la reforma elimina las transmisiones automáticas del derecho de agua y las sustituye por reasignaciones discrecionales, sujetas a la voluntad de la autoridad. Y eso—dice—no sólo fractura la seguridad jurídica de los productores, sino que abre la puerta a un control político y electoral sobre el recurso.
“El dueño de una propiedad fallece, hereda, y el heredero legítimo ya no recibe automáticamente el derecho de agua; deberá iniciar un nuevo trámite frente a la autoridad”, explicó.
El mismo riesgo —añadió— aplica cuando un productor vende su tierra: la concesión de agua ya no acompaña al predio, sino que queda a criterio de la burocracia, anulando la relación histórica entre propiedad y uso del recurso.
Para Vázquez, esto demuestra que el gobierno federal “miente cuando afirma que no se rompe el vínculo tierra-agua”, porque la reforma sustituye un derecho adquirido por un proceso de reasignación que puede ser usado “por manejo político o electoral”.
El senador también alertó sobre un segundo foco rojo: la posibilidad de que la autoridad reduzca volúmenes o elimine concesiones con el argumento de “disponibilidad”, un criterio que—según dijo—queda sujeto a la interpretación gubernamental.
“Ellos dicen que si no hay disponibilidad, conforme a sus estudios o incluso a su percepción, podrían disminuir el volumen o retirar concesiones”, señaló, anticipando inestabilidad para miles de productores.
Otro punto crítico es la prórroga de concesiones. Si el productor presenta la solicitud y Conagua no responde, la autoridad puede interpretar su propio silencio como “negativa ficta”, lo que significaría perder el derecho al agua por simple falta de respuesta administrativa.
“Si se traspapeló el expediente, si no hubo voluntad, si no contestaron… el productor puede decir adiós a su concesión”, advirtió.
A todo ello se suma —dijo— la preocupación por un endurecimiento del marco sancionatorio, que podría derivar en la criminalización de actividades agrícolas, profundizando la tensión entre productores y autoridad.