Con ausencias clave de Morena y el PT, Congreso saca endeudamiento de 3 mil millones
El endeudamiento por 3 mil millones de pesos autorizado al Gobierno del Estado no se aprobó por consenso ni por una mayoría sólida del Congreso, sino gracias a la ausencia de diputadas de Morena y del Partido del Trabajo, lo que permitió al bloque mayoritario alcanzar los votos necesarios entre los legisladores presentes.
Durante la sesión del Pleno, las diputadas Edith Palma y Rosana Díaz, de Morena, así como Irlanda Márquez, del PT, no acudieron a la votación, dejando a su bancada incompleta y facilitando que la propuesta avanzara con 20 votos a favor y 10 en contra, pese a tratarse de un decreto que autoriza nueva deuda pública y refinanciamiento financiero.
Las bancadas del PAN y PRI respaldaron el dictamen, mientras que los votos en contra provinieron de Morena y el PT, partidos que cuestionaron el alcance real del financiamiento, la contratación de instrumentos derivados y la falta de precisión sobre las obras que se ejecutarán con los recursos.
Aunque el decreto se presenta como “inversión pública productiva”, el detalle de los proyectos no fue incluido en el documento aprobado, quedando su definición para los contratos que posteriormente celebre el Ejecutivo, uno de los puntos que motivó el rechazo de la oposición.
El dictamen fue presentado por la diputada Carla Rivas Martínez, quien sostuvo que el endeudamiento es viable conforme a la capacidad de pago del Estado y al techo de financiamiento autorizado; sin embargo, en el debate quedó expuesto que el Congreso aprobó el monto sin conocer con precisión el destino puntual de los recursos.
El financiamiento contempla infraestructura carretera, el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo —incluido un esquema con Banobras— y la contratación de instrumentos financieros para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.
Como intento de control legislativo, se aprobó una reserva para obligar al registro de los créditos y derivados ante la Secretaría de Hacienda federal, aunque esto no modificó el fondo del dictamen ni disipó las críticas sobre la falta de información previa.
La aprobación dejó un mensaje político claro: una de las decisiones financieras más relevantes del sexenio se avaló con una oposición mermada por ausencias, no por un acuerdo amplio en el Congreso.