Cruz en la Capital: fotos que pesan

Cruz en la Capital: fotos que pesan

Morena definirá las reglas del 2027 este fin de semana

Reforma Electoral: Plan A y Plan B

Santiago y la reunión de perfiles

Daniela y el calendario electoral para Chihuahua

América Aguilar, entre el discurso y responsabilidad

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, volvió a colocar su agenda en la Ciudad de México. Esta vez sostuvo reuniones con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Seguridad en la frontera y coordinación institucional fueron los temas formales. Pero en política las imágenes también comunican. La cercanía con Monreal —figura clave dentro del movimiento y con influencia en la Circunscripción 1 que incluye Chihuahua rumbo a 2027— agrega lectura electoral.

Cruz mantiene interlocución directa con primer nivel federal mientras el calendario comienza a marcar ruta hacia la sucesión.


Este fin de semana el Consejo Nacional de Morena discutirá los lineamientos para el proceso electoral 2026-2027.

En el orden del día está prevista la posible aprobación de reglas internas que definirán cómo se competirá por candidaturas. Antes de hablar de encuestas, deberán establecerse criterios de promoción, límites de participación y condiciones para quienes aspiren a más de un cargo dentro del mismo proceso.

En experiencias pasadas, quien no resultaba favorecido en una candidatura podía buscar otra posición. Ese esquema podría mantenerse o ajustarse. Son decisiones internas, pero con impacto directo en el tablero político estatal.

Las reglas, esta vez, podrían redefinir estrategias.


La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su decálogo de reforma electoral y confirmó el envío de la iniciativa al Congreso.

Aunque reconoció que no está garantizado el consenso legislativo, dejó claro que existe un “plan B” en caso de que la propuesta no avance. También sostuvo que, independientemente del resultado, considera un logro presentar la iniciativa al tratarse —según expresó— de una demanda ciudadana.

El proyecto contempla reducción de gasto electoral, ajustes en representación proporcional, regulación de inteligencia artificial en procesos electorales por parte del INE, voto en el extranjero con representación directa, no reelección y prohibición del nepotismo, entre otros puntos.

El debate legislativo apenas comienza, pero la ruta política ya fue trazada desde Palacio Nacional.


El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, confirmó una reunión con perfiles del PAN señalados como posibles aspirantes a futuras candidaturas.

En el encuentro participaron el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid; el director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir Sáenz; y el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

La reunión se dio en un momento donde las definiciones aún no llegan, pero las conversaciones avanzan. El mensaje hacia dentro es de diálogo; hacia fuera, de organización.


La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, sostuvo una reunión privada con el dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, donde se acordó que Chihuahua contará con un calendario electoral ajustado a sus tiempos políticos.

Fue enfática: no hay candidaturas definidas. El calendario deberá presentarse ante el Comité Ejecutivo Nacional y contar con el respaldo de la gobernadora Maru Campos.

Así, mientras otros partidos discuten reglas internas, en el PAN se trabaja en la ruta de tiempos. El calendario será la primera señal formal de hacia dónde se moverán las piezas.


La diputada del PT, América Aguilar, colocó en el centro del debate a la Universidad Autónoma de Chihuahua al exigir que priorice la atención a denuncias de acoso y violencia de género por encima de medidas de protección física implementadas ante la marcha del 8 de marzo.

Su posicionamiento fue contundente: protocolos efectivos, seguimiento puntual y resultados visibles. Recordó que en 2024 se documentaron al menos 35 denuncias por violencia de género en la institución, según datos de la Defensoría universitaria, e insistió en que la respuesta debe enfocarse en las mujeres y no en los edificios.

Sin embargo, alrededor de la discusión también han surgido otros señalamientos. En distintos momentos se ha mencionado la presencia de grupos que no necesariamente pertenecen a colectivas feministas, incluso con participación de hombres vinculados a estructuras partidistas afines al PT, lo que ha generado conversación política en torno a la organización de las movilizaciones.

En ese cruce, la atención no sólo se centra en la exigencia hacia la universidad, sino en el nivel de compromiso legislativo que pueda acompañar la demanda pública. El debate quedó abierto entre discurso, antecedentes y responsabilidades.