La falta de acuerdos al interior del Congreso del Estado en torno a la designación de la próxima presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha comenzado a colocar a Morena en el centro de los cuestionamientos políticos, no sólo por el retraso en la definición del nombramiento, sino por la imagen de desorden e inconsistencia que proyecta en un tema de alto impacto institucional. La terna final fue integrada desde el 27 de enero por acuerdo unánime de la Junta de Coordinación Política, pero la votación definitiva seguía pendiente y, de acuerdo con declaraciones públicas de legisladores, el Congreso aún tiene como fecha límite el 10 de junio para concluir el proceso.

En ese contexto, la discusión dejó de centrarse únicamente en quién encabezará el organismo defensor de los derechos humanos y comenzó a trasladarse al terreno político: la capacidad real de Morena para actuar como bloque, sostener una postura común y enfrentar al PAN en decisiones clave. Aunque públicamente el coordinador morenista Cuauhtémoc Estrada ha insistido en que el proceso fue transparente, abierto y producto de consensos, también ha reconocido que la terna todavía no sube a votación del pleno y que persiste un compás de espera que, lejos de disipar dudas, ha alimentado nuevas especulaciones.

Lejos de mostrar cohesión, Morena arrastra ya una fractura interna que ha dejado de ser rumor para instalarse como una crisis política abierta al interior del Congreso del Estado. Versiones que circulan en el ambiente legislativo, sumadas al conflicto visible entre la diputada Rosana Díaz y el coordinador parlamentario Cuauhtémoc Estrada, apuntan a diferencias profundas dentro de la bancada guinda, una situación que, en los hechos, exhibe un desgaste delicado en momentos en que el partido debería proyectar solidez, disciplina y capacidad de negociación. Las acusaciones públicas de Rosana, su denuncia formal por presunta violencia política de género, su distanciamiento del grupo parlamentario y la posibilidad de que encuentre cobijo en otras fuerzas como el PT o el PVEM, han colocado a Morena en una posición incómoda: la de un partido que no logra ordenar a los suyos ni sostener una línea política clara en el Congreso. El problema para Morena no es solamente el retraso en decisiones de peso, sino la lectura política que comienza a instalarse con cada día que pasa: que frente a momentos clave, el partido no está consiguiendo convertir su presencia legislativa en una oposición eficaz. Más aún, el fallo reciente del Tribunal Estatal Electoral a favor de la legisladora terminó por profundizar la percepción de que la disputa ya rebasó el ámbito interno y se convirtió en un síntoma visible de debilitamiento. En ese escenario, Morena no sólo enfrenta un problema de disciplina parlamentaria, sino una crisis de conducción política que amenaza con desdibujarlo como bloque opositor real.

La presidencia de la CEDH se ha convertido así en mucho más que una designación administrativa. Para las distintas fuerzas políticas representa una medición de fuerza, operación y control parlamentario. Bajo esa lógica, cada día sin acuerdo profundiza la percepción de que Morena no está consiguiendo marcar la agenda en un tema estratégico y que, por el contrario, podría estar dejando margen para que el PAN avance con mayor eficacia en la construcción de una mayoría. Hasta ahora, reportes recientes siguen ubicando la designación dentro de una disputa política abierta, con falta de consensos claros y con la posibilidad de que la terna suba al pleno apenas en los próximos días.

El momento político no es menor. Mientras otras fuerzas ya comienzan a mover piezas rumbo a 2027, como el PAN con el arranque de su proceso abierto para aspirantes, Morena enfrenta un escenario en el que cualquier signo de división interna puede convertirse en un mensaje de debilidad hacia afuera.

Más allá de los nombres que integran la terna o del resultado final de la votación, lo que hoy está en juego también es la narrativa de poder dentro del Congreso local. Si Morena no logra cerrar filas en una definición de esta magnitud, la discusión pública dejará de ser únicamente sobre la CEDH y pasará a enfocarse en una pregunta más amplia: si el partido realmente está en condiciones de disputar con fuerza el escenario político que se avecina o si comienza a mostrar fisuras justo cuando más necesita proyectar unidad.