ASE presume resultados de miles… con presupuestos de millones
Crédito por 3 mil millones y ADEFAS por 2 mil
Luisa Alcalde responde… y deja abierta la puerta
Irlanda Márquez se hace bolas con sus fobias e ideologías
Mujeres contra la ley vicaria
La Auditoría Superior del Estado volvió a presentar resultados en materia de responsabilidades administrativas, ahora con un caso en Manuel Benavides por poco más de 138 mil pesos.
El expediente, validado por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, acredita faltas graves por pagos indebidos, con sanciones económicas y la obligación de reintegrar el recurso.
Hasta ahí, el dato oficial.
Pero el contraste aparece cuando se pone sobre la mesa el tamaño de las estructuras: la propia Auditoría Superior del Estado opera con un presupuesto cercano a los 300 millones de pesos, mientras que la Fiscalía ronda los 200 millones en áreas vinculadas al combate a estos delitos.
Y los resultados visibles terminan aterrizando en casos como este: 138 mil pesos en Manuel Benavides.
La ecuación queda abierta: estructuras millonarias frente a resultados de miles.
Definitivamente, el estado, por más “ordenamiento” que se ha planteado en sus finanzas, sigue mostrando señales de presión.
Ahí está el dato: la contratación de un crédito a largo plazo por 3 mil millones de pesos, que vuelve a encender focos sobre la capacidad operativa.
Al inicio de la administración, la gobernadora Maru Campos señalaba que recibía un estado en quiebra. Hoy, los indicadores financieros apuntan a que la deuda de largo plazo no solo se mantiene, sino que podría incrementarse.
A esto se suma otro elemento que se repite año con año: alrededor de 2 mil millones de pesos que quedan pendientes en la cuenta de ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores), reflejo de compromisos que no alcanzan a cubrirse en tiempo.
La constante es clara: se arrastran pagos, se ajustan números y la presión financiera sigue presente.
En el escenario nacional, Luisa María Alcalde salió a responder a las versiones que apuntan a su eventual salida de la dirigencia de Morena.
El mensaje fue directo, con el sello característico del discurso de la 4T: señalamientos a medios y descalificación de versiones externas. Sin embargo, el fondo del tema no se agota ahí.
Porque más allá del ruido mediático, el tema también circula al interior del partido, donde comienzan a escucharse inconformidades desde las bases, particularmente en torno a candidaturas, equilibrios y conducción política.
En su posicionamiento, Alcalde dejó ver una posibilidad: su salida no estaría definida por presión externa, sino por una eventual invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrarse nuevamente al gabinete y ese es el tema que mediáticamente se ha manejado.
En el Congreso del Estado, la discusión sobre la violencia vicaria sigue avanzando, pero no necesariamente en línea recta.
La diputada Irlanda Márquez fue cuestionada sobre el tema y su respuesta abrió más frentes de los que cerró. El debate se desplazó hacia posicionamientos políticos, dejando en segundo plano la claridad técnica de la propuesta.
Su respuesta se centró más en fobias e ideologías, más que en un discurso sólido de una legisladora que encabeza la Comisión de Igualdad en el Congreso del Estado.
Del otro lado, el diputado Carlos Olson ha insistido en que el eje debe centrarse en los derechos de la niñez, planteando reservas sobre el enfoque de la legislación.
Así, el tema se mueve entre dos rutas: una que busca incorporar la figura bajo una aparente lógica de perspectiva de género, pero que se observa con fobias e ideologías, y otra que plantea una visión más amplia del entorno familiar.
Mientras tanto, la discusión sigue abierta… y sin definición clara.
En medio de esta discusión, apareció un elemento que es sumamente llamativa: el posicionamiento del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad.
El colectivo no solo fijó postura, sino que lo hizo en sentido contrario a lo que se ha impulsado desde otros espacios. Señalan que quienes respaldan la ley vicaria son “corruptos, rencorosos, violentos” y que utilizan a menores para obtener beneficios.
Pero el fondo del mensaje va más allá: plantean que la propuesta coloca los derechos de las mujeres por encima de los de la niñez, que rompe con el principio de presunción de inocencia y que resulta excluyente al señalar al hombre como único posible agresor.
El punto del colectivo es claro: no se trata de una crítica externa, sino de un colectivo nacional de mujeres que cuestiona lo que otras mujeres están promoviendo.
Y en ese contexto, la discusión en Chihuahua no solo pasa por legislar… sino por definir si realmente se están escuchando todas las voces dentro del mismo debate.