El “rait” y el contraste de declaraciones de Jáuregui
El accidente que pudiera costarle la candidatura a Jáuregui
Tres regidores unen fuerzas para apoyar a las colonias
Habla el profe Martín Chaparro de secuestro de candidaturas, ¿a quién se refiere?
Algo no termina de embonar en la narrativa que ha construido el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, sobre el accidente en el que murieron un director y un agente de la AEI, junto con dos ciudadanos estadounidenses vinculados al Consulado.
El domingo por la mañana, en plena rueda de prensa, el fiscal abrió con un mensaje institucional: lamentar las muertes. Hasta ahí, lo esperado. Pero inmediatamente después, el discurso giró hacia lo que realmente parecía importante: presumir un operativo “relevante” y “de gran magnitud” en la zona serrana.
Ahí soltó los primeros datos clave. Que los campamentos fueron localizados con drones. Que hubo coordinación con Sedena. Que el operativo duró dos días. Y que todo esto derivó en un despliegue importante en la región de El Pinal.
El problema no fue lo que dijo… sino lo que dejó implícito.
Sin peritaje oficial aún, la narrativa empujó —inevitablemente— a que se asociara el accidente con el operativo. No por afirmación directa, sino por la forma en que se presentó la información.
Pero 24 horas después, el lunes, el mismo fiscal salió a enfriar la historia.
Negó cualquier vínculo entre los agentes de la AEI y los ciudadanos estadounidenses. Aseguró que estaban en comunidades distintas. Que no formaban parte del operativo. Que todo se reducía a un “rait”, un aventón en la sierra que terminó en tragedia.
Y ahí es donde la historia empieza a hacer ruido.
Porque en esa nueva versión aparece un dato clave: los ciudadanos estadounidenses estaban en la zona por un curso de manejo de drones. Los mismos drones que, según la primera versión, fueron fundamentales para ubicar los campamentos criminales.
Además, el propio fiscal señaló que fueron recogidos en la comunidad de Polanco durante la madrugada. Es decir, llegan a un punto remoto, en horas poco habituales, se encuentran con los agentes, piden el “rait”… y minutos después ocurre un accidente fatal.
La ruta tenía como destino Chihuahua capital, desde donde tomarían un vuelo rumbo a Estados Unidos.
No es imposible. Pero en el contexto de un operativo para desmantelar campamentos de metanfetamina, suena demasiado conveniente.
Y si lo que dice Jáuregui es cierto: ¿por qué dos oficiales de la embajada de Estados Unidos se encontrarían en una zona de las más peligrosas del país?
Aquí el problema no es el accidente.
Es el contraste de versiones.
El caso no se quedó en Chihuahua.
Escaló hasta la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo no tener información del tema y que solicitaría detalles a las autoridades estatales.
Un “no sé” que encendió focos.
Porque mientras en el estado ya se habían construido versiones —primero ligadas al operativo y luego desligadas—, a nivel federal apenas se estaba entendiendo qué había pasado. Y justo ahí, la narrativa terminó alineándose: hechos aislados, sin relación.
Pero el fondo es más delicado.
Se habla ya de soberanía nacional. De la presencia de ciudadanos estadounidenses en una zona donde se desarrollaba un operativo contra el narcotráfico. De posibles omisiones… o de información que no se ha dicho completa.
La pregunta es inevitable: ¿qué hacían ahí?
Y otra más: ¿quién sabía?
El tema ya tiene impacto internacional.
Y en medio de todo está César Jáuregui Moreno, no solo como fiscal, sino como un actor político con aspiraciones rumbo a la alcaldía de Chihuahua.
Porque en política, los errores no siempre son por lo que pasó… sino por cómo se explicó.
Y hoy, más que el accidente, lo que pesa es la inconsistencia.
Si no logra aclarar con precisión lo ocurrido, este episodio podría salirle caro.
Muy caro.
Los regidores Félix Martínez, Issac Díaz Gurrola y Omar Márquez aparecieron el lunes en la colonia Infonavit Nacional con apoyos en mano: bolsas de papa y leña.
Una acción que, en apariencia, es gestión social.
Pero en política, las formas dicen más que el fondo.
Porque no fue uno. Fueron tres. Dos del PAN y uno del PRD. Coincidiendo, sumando presencia y enfocándose en un solo sector de la ciudad.
Y eso no es casualidad.
Más aún cuando Félix Martínez se refirió al lugar como “su colonia”. Los regidores no tienen distrito, pero sí construyen territorio cuando hay aspiraciones en puerta.
Esto no es solo apoyo.
Es posicionamiento.
Porque si hay intención de buscar una diputación local, el trabajo empieza así: presencia, cercanía, apoyos visibles.
El problema no es ayudar.
El problema es la selección.
Porque Chihuahua tiene zonas con mayor rezago, particularmente en la periferia, donde difícilmente se ve este tipo de despliegues conjuntos.
Entonces la pregunta es obligada: ¿fue gestión… o estrategia?
Cuando los apoyos se organizan políticamente, dejan de ser solo ayuda.
Se convierten en mensaje.
Coincidente, el profe Martín Chaparro, ex dirigente estatal de Morena y aspirante a la gubernatura en Chihuahua, puso sobre la mesa un tema que incomoda: el “secuestro” de candidaturas.
Y no es un señalamiento menor.
Recordó cómo en el PAN, durante años, grupos cerrados decidían todo antes de cualquier proceso interno. Simulaban democracia, pero en realidad solo administraban decisiones previamente tomadas.
Control, no competencia.
Y ahora, esa práctica —advierte— podría estarse replicando en Morena.
Cuando habla de candidaturas “amarradas”, lo que señala es un riesgo claro: que el proceso interno se convierta en simulación.
Y el contexto en Chihuahua no ayuda a disipar esa duda.
Por un lado, las acciones de Brigitte Granados en respaldo a Andrea Chávez. Por otro, el movimiento del grupo de Cruz Pérez Cuéllar junto con el grupo Coyoacán en el Consejo Estatal, buscando poner candados internos.
Bloques, corrientes, control.
La pregunta es directa: ¿hay grupos operando para definir candidaturas desde ahora?
¿Se trata de una disputa entre el llamado “grupo Tabasco” y el grupo de Cruz y el de Ariadna Montiel?
¿Es a eso a lo que se refiere Chaparro?