Por presuntos malos manejos retiran concesión de bebidas en Feria de Santa Rita a hermano de Santiago de la Peña
La diputada local de Morena, Brenda Ríos, acusó la existencia de una presunta red de control y operación de concesiones dentro de la Feria de Santa Rita, particularmente en el manejo de bebidas alcohólicas, donde señaló posibles esquemas de opacidad y beneficios concentrados.
Como parte de estos señalamientos, la legisladora afirmó que la concesión de bebidas dentro del recinto habría sido retirada al hermano del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, presuntamente por malos manejos, lo que —dijo— evidenciaría la forma en que se han operado estos permisos dentro del evento.
Ríos sostuvo que no se trata de hechos aislados, sino de un esquema más amplio de control de espacios comerciales dentro de la feria, en el que se incluirían la asignación de puntos de venta, el manejo de áreas estratégicas y la operación de bebidas, todo ello bajo condiciones que calificó de falta de transparencia.
La legisladora señaló que la Feria de Santa Rita opera con recursos públicos superiores a los 90 millones de pesos, por lo que cuestionó la existencia de dinámicas de venta de espacios y presuntos beneficios particulares dentro de un evento que debería garantizar acceso equitativo a la ciudadanía.
En ese contexto, fuentes cercanas a locatarios refirieron que, tras inconformidades, los precios dentro del recinto habrían bajado hasta en 50 por ciento, lo que interpretan como un ajuste derivado de la presión ejercida por comerciantes.
La diputada también encausó las quejas de locatarios relacionadas con el sobreprecio en el Centro de Distribución (CEDIS) de la feria, el cual —señaló— habría sido concesionado por varios años al hermano del secretario general de Gobierno. En este sentido, cuestionó que no hubiera existido una autoridad capaz de “sensibilizar el bolsillo” de los concesionarios frente a un evento de carácter popular, cuya finalidad es la celebración de las fiestas de Santa Rita.
Asimismo, sostuvo que no existe evidencia de un retorno en materia de asistencia social por parte del concesionario, pese a las ganancias acumuladas, las cuales —estimó— superarían los casi 20 millones de pesos.