Seguritech paga 112.3 mdp por incumplimientos en proyecto Centinela
La empresa Seguritech Privada, S.A. de C.V. pagó 112 millones 377 mil 446 pesos en penalizaciones derivadas de incumplimientos detectados en la ejecución del proyecto Centinela, luego de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó que la ASE dio por atendida y aclarada la observación relacionada con el contrato de servicio integral de videovigilancia y monitoreo del proyecto Centinela, tras acreditarse la aplicación de penas convencionales al proveedor.
La observación derivó de la revisión de la Cuenta Pública 2024 de la SSPE, donde la ASE detectó que no se habían cobrado sanciones a la empresa pese al retraso en la entrega de distintos componentes comprometidos en el contrato y su convenio modificatorio.
Entre los pendientes señalados estaban 30 arcos carreteros, 10 filtros de seguridad, la Torre Centinela, 17 videowalls y dos subcentros de mando ubicados en Guadalupe y Calvo y Nuevo Casas Grandes.
Tras la observación, la SSPE suspendió pagos correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2024, argumentando que no se había cumplido con la totalidad de entregables establecidos en el calendario del contrato.
A partir de ello, la dependencia inició un análisis técnico y administrativo para determinar los bienes y servicios no entregados en tiempo y definir las sanciones económicas aplicables.
El conflicto derivó en un proceso de conciliación administrativa ante la Secretaría de la Función Pública, iniciado el 12 de marzo de 2025 por la empresa, que buscaba liberar los pagos retenidos. Durante el procedimiento se realizaron al menos 15 audiencias y mesas de trabajo entre la SSPE, la Secretaría de Hacienda estatal, la SFP y la propia empresa.
Como resultado, el 28 de febrero de 2026 se firmó un nuevo convenio modificatorio donde quedaron establecidas las penalizaciones.
Seguritech entregó dos notas de crédito: una por 90.7 millones de pesos y otra por 21.6 millones, correspondientes a penalizaciones, deductivas, afectaciones por renta de inmueble y ajustes relacionados con servicios prestados.
Con ello, la recuperación total para el Estado fue de 112.3 millones de pesos.
Acosta Félix destacó que, según registros de la ASE, es la primera ocasión en que un proyecto de esta magnitud recibe un ajuste económico a la baja derivado de observaciones de auditoría y sanciones aplicadas al proveedor.