En el TSJE #EsSantiago
Morena y la guerra de culpables
La Fiscalía sigue sin fiscal
La simulación de “Los defensores” en el PRI
La comida organizada por Marcela Herrera en favor de Santiago De la Peña no pasó desapercibida dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Al contrario, terminó por confirmar lo que desde hace tiempo se comenta en los pasillos judiciales: la operación política alrededor del secretario general de Gobierno sigue plenamente activa dentro del Poder Judicial.
Y es que Marcela no solamente mantiene cercanía política con Santiago, sino que además existe la percepción de que buena parte de la operación que permitió su llegada a la presidencia del TSJE salió precisamente desde la Secretaría General de Gobierno. La hoy presidenta del Supremo habría sido impulsada para quedar en primer lugar y asumir la presidencia durante el primer año de esta nueva etapa dentro del tribunal.
La reunión, según nos comentan, también habría sido operada con apoyo de personal de la Secretaría de Hacienda estatal y personajes cercanos a Marcela Herrera. Y es que dentro del propio círculo judicial reconocen que la presidenta del TSJE no cuenta con una estructura política propia demasiado amplia, por lo que termina recurriendo al aparato estatal y particularmente a funcionarios vinculados con el área que encabeza José de Jesús Granillo para sacar adelante este tipo de encuentros políticos en favor de Santiago De la Peña.
Pero detrás de todo esto también aparece el nombre de Andrés Pérez Howlet, identificado como uno de los operadores políticos más cercanos a Santiago De la Peña dentro del Poder Judicial. Priista de formación, Pérez Howlet continúa moviendo piezas dentro del Supremo y para muchos ya es considerado “el poder tras el trono”.
La situación, sin embargo, comienza a generar incomodidad entre distintos grupos internos del tribunal, sobre todo porque varios consideran que el TSJE se está polarizando cada vez más rumbo al proceso político del 2027.
Incluso nos dicen que dentro de la propia Secretaría General de Gobierno ya existe especial cuidado con el tema de las fotografías y videos durante este tipo de reuniones políticas. La instrucción, según comentan algunos asistentes, ha sido controlar lo más posible la difusión de imágenes para evitar evidencias públicas sobre quiénes participan en estos encuentros y qué personajes del aparato estatal están involucrados en la operación política rumbo al 2027.
Y aunque hoy el grupo de Santiago mantiene control e influencia, dentro del propio Poder Judicial ya hay quienes comienzan a recordar que esto también es una rueda de la fortuna. Porque después de Marcela Herrera llegará Yamil Athié a la presidencia del tribunal en el segundo año, y para entonces el panorama político podría ser completamente distinto.
No son pocos los que consideran que, pasando el 2027, la estructura política y judicial que actualmente respalda a Santiago De la Peña prácticamente desaparecerá. Primero porque podrían venir cambios importantes dentro del gabinete estatal y segundo porque el equilibrio interno en el TSJ ya no sería el mismo.
Por eso, en corto, algunos operadores repiten una frase que empieza a cobrar fuerza dentro del tribunal: “cuidado con quien pisas al subir, porque puedes encontrártelo al bajar”.
La marcha del sábado terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de confrontación interna dentro de Morena. Lo que pretendía ser una demostración de músculo político acabó exhibiendo las fracturas que siguen existiendo entre los distintos grupos del partido en Chihuahua.
Ahora, tras la baja convocatoria, comenzaron los señalamientos internos. Desde el grupo de Ariadna Montiel hay quienes responsabilizan directamente a Andrea Chávez, particularmente por la falta de coordinación con las estructuras cercanas a Cruz Pérez Cuéllar, quien sigue operando en una lógica distinta a la de la senadora con licencia.
Pero del otro lado la versión es completamente distinta. Andrea y su grupo sostienen que la responsabilidad principal recaía en Ariadna Montiel, quien debía movilizar personas desde otros municipios del estado. Incluso recuerdan que Morena presume tener más de 300 mil militantes en Chihuahua y aun así la convocatoria quedó muy lejos de las expectativas.
Lo cierto es que el problema de fondo sigue siendo el mismo: la falta de unidad real entre los grupos internos. Porque aunque públicamente todos hablan de reconciliación y trabajo conjunto, en la práctica continúan operando divididos y con agendas completamente distintas.
Incluso hay quienes aseguran que desde Ciudad Juárez no quisieron arriesgar toda la estructura municipal en un evento donde Andrea Chávez terminaría llevándose reflectores políticos. Otros justifican la baja asistencia señalando que parte de la estructura juarense quedó detenida por los bloqueos carreteros rumbo a la frontera.
Sea cual sea la explicación verdadera, la realidad es que Morena en Chihuahua terminó quedándole mal a su dirigencia nacional. Y eso ocurre justo cuando Ariadna Montiel Reyes anunció que irán por el juicio político contra Maru Campos, una apuesta que ahora también carga con el desgaste de un evento que no logró demostrar la fuerza política que prometían.
Los movimientos dentro de la Fiscalía General del Estado continúan y cada vez son más visibles las reacomodadas internas derivadas de las investigaciones relacionadas con el operativo en El Pinal y el caso del narcolaboratorio.
Ahora, la gobernadora Maru Campos designó a Javier Sánchez Herrera como encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, en sustitución de Arturo Zuany.
Dentro de la propia Fiscalía estos cambios ya son interpretados como parte de la revisión interna que actualmente realiza la Unidad Especializada de Investigación creada por la gobernadora, particularmente sobre áreas que tuvieron algún tipo de participación o relación con aquel operativo que terminó generando fuertes cuestionamientos.
El problema es que mientras continúan los relevos y ajustes internos, la Fiscalía General del Estado sigue funcionando bajo encargados de despacho. Ya casi se cumple un mes desde la salida de César Jáuregui y todavía no existe una propuesta formal enviada al Congreso del Estado para designar al nuevo fiscal general.
Y aunque en el gobierno estatal mantienen prudencia sobre el tema, hacia dentro de la institución comienza a crecer la incertidumbre por la falta de definiciones. Porque mientras no exista un fiscal ratificado por el Congreso, la percepción sigue siendo la de una Fiscalía operando en modo provisional.
En el PRI ya comenzaron oficialmente los movimientos rumbo al 2027. El partido presume haber registrado a más de 400 “defensores” en Chihuahua, perfiles que eventualmente podrían convertirse en aspirantes a gubernaturas, alcaldías, diputaciones locales y federales.
Sin embargo, dentro del propio priismo hay quienes reconocen que gran parte de este proceso es más narrativa política que competencia real.
Porque aunque públicamente algunos liderazgos del PRI insistan en mandar señales de independencia y amaguen con competir solos, en el fondo saben perfectamente que su supervivencia política sigue dependiendo de la alianza con el PAN.
Por eso muchos observan esta etapa de los “defensores” como una manera de aparentar estructura, organización y trabajo territorial, mientras en paralelo continúan las negociaciones y cálculos rumbo a una eventual coalición electoral.
Y es que el PRI puede lanzar mensajes de autonomía, pero también entiende que sin la fuerza electoral del PAN el margen de competencia se reduce considerablemente.
Mientras tanto, del lado panista tampoco existe claridad total sobre cómo se definirán las candidaturas rumbo al 2027. Nadie sabe todavía si recurrirán a encuestas, acuerdos políticos, candidaturas ciudadanas o simples dedazos disfrazados de procesos internos.