Maru va… aunque el citatorio esté plagado de errores
El respaldo panista… y la prudencia de Anaya
“Nos vamos a volver locos”
El PAN y su propio “harakiri” rumbo al matrimonio igualitario
La escena fue completamente calculada. Mientras la gobernadora Maru Campos confirmaba que sí acudiría a declarar ante la FGR, en paralelo el coordinador de los diputados panistas, Alfredo Chávez Madrid, rompía en plena transmisión en vivo el citatorio enviado por la autoridad federal.
El mensaje político fue claro. Acudirán, pero dejando en evidencia públicamente las inconsistencias del documento.
Y es que el citatorio terminó convirtiéndose más en munición política que en un instrumento jurídico sólido. Desde Palacio y desde la bancada panista no dejaron pasar ni una sola inconsistencia. Enumeraron 15 errores que, aseguran, exhiben improvisación, exceso de narrativa política y deficiencias procesales por parte de la Fiscalía General de la República.
Hablaron de siete errores ortográficos, del uso de artículos dirigidos a imputados pese a citarla como testigo y de la aplicación de artículos del CNPP relacionados con personas imputadas. También señalaron la omisión de hechos concretos, fechas, delitos y conductas investigadas, además de la falta de precisión sobre el operativo que se pretende esclarecer. A eso se sumó la ausencia de motivación suficiente y hasta la omisión del derecho a no autoincriminarse.
La lista fue larga y cuidadosamente expuesta frente a medios.
Pero detrás de la discusión jurídica apareció lo verdaderamente importante. El PAN ya decidió convertir este asunto en una narrativa nacional de persecución política.
No fue casualidad que Alfredo Chávez definiera a Maru como “el rostro de la oposición en México”. Esa frase no salió al aire por accidente. En realidad, lo que se está construyendo es un nuevo posicionamiento político para la gobernadora en medio del choque frontal entre el gobierno estatal y sectores de Morena tras el caso de los presuntos agentes extranjeros en el operativo de El Pinal.
En el fondo, la apuesta panista parece clara. Si Morena y la FGR tensan demasiado la cuerda, podrían terminar fortaleciendo políticamente a quien pretenden desgastar.
Porque en política mexicana hay algo que suele funcionar mejor que cualquier campaña. Victimizar al adversario correcto.
Y en Chihuahua, varios panistas ya empezaron a vender la idea de que Maru Campos podría convertirse en la figura nacional de resistencia frente a la 4T.
La defensiva panista se movió con velocidad desde la Ciudad de México. Aparecieron dirigentes, senadores, liderazgos nacionales y posicionamientos prácticamente en bloque para cerrar filas con la gobernadora.
Ahí estuvieron Jorge Romero Herrera y Daniela Álvarez respaldando públicamente a Maru Campos.
Y sí, Ricardo Anaya también estuvo presente.
Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los propios panistas.
Anaya llegó tarde.
Y no solo eso. Prácticamente evitó entrar de lleno al tema Maru. Su participación terminó concentrándose únicamente en fijar postura sobre la reforma electoral y la supuesta injerencia extranjera en elecciones.
Demasiada prudencia para un momento donde el panismo buscaba cerrar filas sin titubeos.
En la grilla local varios empezaron a leer el lenguaje corporal y político detrás del movimiento. Porque mientras distintos grupos dentro del PAN intentan elevar a Maru Campos como una figura nacional de oposición con proyección rumbo al 2030, Ricardo Anaya también mantiene intactas sus propias aspiraciones presidenciales.
Y ahí es donde empiezan las incomodidades.
Porque para muchos dentro del PAN no pasó desapercibido que Anaya tuvo que salir a respaldar políticamente a una gobernadora que, eventualmente, podría convertirse también en una competidora interna dentro del panismo rumbo a la sucesión presidencial del 2030.
En otras palabras, el respaldo existió, sí, pero sin demasiado entusiasmo.
La lectura política que hacen varios al interior del PAN es simple. Mientras el grupo cercano a Maru busca posicionarla nacionalmente a partir del conflicto con Morena y la FGR, Anaya entiende perfectamente que el crecimiento político de la gobernadora también podría modificar el tablero interno de Acción Nacional hacia el futuro.
La frase tronó fuerte y dejó sorprendidos hasta a varios panistas.
“Las mujeres y los hombres del PAN, e insisto, cientos de miles de mexicanas y mexicanos, nos vamos a volver locos si le ponen un dedo a nuestra gobernadora Maru Campos”.
Así se expresó Jorge Romero.
Y aunque el dirigente nacional buscó transmitir fuerza y respaldo absoluto, lo cierto es que terminó dejando más preguntas que certezas.
Porque nadie explicó exactamente qué significa “volverse locos”.
No hubo anuncio de movilizaciones. No hubo estrategia jurídica extraordinaria. No hubo planteamiento político concreto. Mucho menos señales claras de cómo piensa reaccionar el PAN si el conflicto escala durante este fin de semana.
La frase terminó funcionando más como desahogo político que como ruta de acción.
Pero mientras el panismo se concentra en denunciar persecución, en Chihuahua empieza a crecer otra discusión mucho más delicada. La verdadera pregunta es si realmente fue legal o no la presunta participación de agencias extranjeras en territorio estatal durante el operativo de El Pinal.
Y ahí es donde varios empiezan a notar un silencio incómodo.
Porque hasta ahora pocos panistas en el Senado han querido entrarle de lleno al tema de fondo. Es decir, si los estados pueden permitir operaciones de agencias extranjeras sin cumplir requisitos legales federales o sin informar plenamente a las autoridades competentes.
Tampoco han querido cuestionar públicamente si en ese operativo se respetó el marco jurídico que regula la actuación de agentes extranjeros en México.
La discusión se ha reducido a una defensa política de Maru Campos, pero evitando cuidadosamente abrir el debate jurídico completo sobre la presencia de corporaciones estadounidenses en territorio chihuahuense.
Y eso empieza a generar ruido incluso fuera de Morena.
Porque una cosa es cerrar filas políticamente con la gobernadora.
Y otra muy distinta es asumir como normal la posible intervención de agencias extranjeras sin claridad legal plena.
Ahí está el verdadero campo minado que el PAN todavía no termina de enfrentar.
Mientras el panismo libra una guerra nacional por la defensa de Maru Campos, en Chihuahua enfrenta otra batalla mucho más silenciosa y probablemente más peligrosa para su propia base conservadora.
El diputado Carlos Olson sostuvo reuniones con asociaciones provida, organizaciones religiosas y grupos conservadores que buscan frenar la aprobación del matrimonio igualitario, tema que será votado el martes en sesión en Ciudad Juárez.
El problema es que, para muchos de esos grupos, la defensa llegó demasiado tarde.
Y peor aún. Varios responsabilizan directamente al propio PAN de haber abierto la puerta a esta agenda.
Ahí está también el caso de la violencia vicaria, otra iniciativa que sigue generando resistencias entre organizaciones civiles y religiosas.
El reclamo ya no solamente viene contra Morena.
Ahora también va dirigido hacia sectores del PAN que, según estas agrupaciones, han mostrado apertura o cercanía con agendas que históricamente no formaban parte de su línea ideológica. En ese contexto, Xóchitl Contreras y la diputada Nancy Frías han respaldado públicamente la discusión de la ley de violencia vicaria, mientras que esta última ha sido señalada por su participación en movilizaciones del 8M, algo que hace algunos años resultaba impensable dentro de la ortodoxia panista.
Para estos grupos, el punto no es la discusión sobre la violencia contra las mujeres, que consideran evidente y condenable, sino el enfoque legislativo de la violencia vicaria. Argumentan que el eje central debe ser la protección de la niñez, ya que consideran que este tipo de figuras jurídicas pueden terminar afectando directamente a niñas y niños en conflictos familiares.
Incluso recuerdan que durante el relanzamiento nacional del PAN hubo liderazgos que redefinieron públicamente el concepto de familia, incluyendo composiciones distintas a la tradicional, lo que terminó profundizando la tensión con sectores conservadores.
Y eso ha provocado una fractura silenciosa entre el partido y una parte de su electorado más tradicional.
Por eso varios dentro de estas organizaciones ya hablan de un “harakiri político”.
Porque si el matrimonio igualitario termina aprobándose, muchos culparán a un panismo que, según acusan, dejó avanzar debates que históricamente decía combatir.
En los pasillos del Congreso también se comenta que hubo intentos tardíos de frenar el proceso. Se menciona a la diputada Xóchitl Contreras como una de las figuras que habría intentado mover piezas en comisiones, aunque aquello terminó detonando manifestaciones de colectivos LGBTQ+ en el Congreso y acelerando todavía más el dictamen.
Al final, tres integrantes de comisión terminaron firmando el documento y el tema avanzó prácticamente sin presencia panista.
Demasiado tarde.
Ahora la sesión del martes en Ciudad Juárez promete convertirse en un termómetro político no solamente para Morena, sino también para un PAN que corre el riesgo de quedar atrapado entre dos fuegos. Por un lado, la presión de sectores liberales; por el otro, el enojo de su propia base conservadora.