PAN entre discurso tibio y presión política
FGR y el jaloneo con el Congreso
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El día de ayer se realizó la sesión del Congreso del Estado, donde había expectativa de que se votara el dictamen de matrimonios igualitarios, esto porque ya existía un consenso entre la mayoría opositora y aliados del PAN.
Sin embargo, por azares del destino, el dictamen no se subió y la sesión no se llevó a cabo.
Si bien hubo manifestaciones y protestas, estas se dieron afuera del Congreso del Estado. El recinto fue cerrado desde muy temprano y elementos antimotines llegaron a cercarlo.
Las manifestaciones por parte del colectivo LGBT fueron pacíficas, pero aun así ese fue el motivo señalado para el cierre y la cancelación de la sesión.
La decisión fue tomada por una mayoría legislativa, así lo dijo el coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez, quien defendió la cancelación de la sesión.
Ni siquiera en la mesa previa a la sesión se pudo destrabar el acuerdo, lo que fue calificado como un hecho hiriente y ofensivo para los diputados que impulsaban la iniciativa.
Morena, por su parte, arremetió contra el presidente del Congreso, como lo ha venido haciendo en otros temas donde no resultan favorecidos, señalando el uso de mayorías para frenar asuntos que les resultan incómodos al PAN.
El PAN utilizó a sus aliados para sostener esa mayoría y así se concretó la decisión de cancelar la sesión.
El punto es que el PAN, junto con el PRI, el Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano, echaron abajo la sesión, pese a que aparentemente ya existía consenso con otros partidos para votar el dictamen.
No fue así.
Incluso Alfredo Chávez mencionó el caso de América Aguilar, quien dijo que aún es del PT, aunque dentro del propio PT se afirma que ya no forma parte de la bancada e incluso habría renunciado a ella.
Señaló que ella habría avalado la cancelación de la sesión.
El tema se irá a una sesión extraordinaria, pero lo relevante es que Morena se lanzó contra Guillermo Ramírez, presidente del Congreso, a quien en su propio lenguaje calificaron como “migajero del PAN” y lo acusaron de operar bajo esa lógica política.
También se utilizaron expresiones como “el que es águila vuela y el que es gusano se arrastra”, en un ambiente de confrontación directa.
Morena afirmó que esta fue la peor forma de cerrar el periodo de sesiones.
Ahora el asunto deberá resolverse en un periodo extraordinario que deberá convocar precisamente Guillermo Ramírez, lo que abre la lectura de que el tema podría entrar a la congeladora.
Muchos señalan que al no haberse votado en este periodo, el dictamen y otros asuntos quedan en pausa.
La sesión cancelada también llevaba consigo alrededor de 30 dictámenes de iniciativas que no llegaron al pleno.
Todo esto, según la versión del PAN, en medio de la decisión de garantizar seguridad, aunque desde Morena se sostiene que no existían condiciones reales de riesgo como para suspender la sesión.
Sin embargo, aún y cuando el PAN frenó esta iniciativa, asociaciones y grupos provida celebraron que no se llevara a cabo la votación del dictamen.
Al mismo tiempo, estas mismas organizaciones y colectivos religiosos a favor de la familia han señalado que Acción Nacional mantiene un actuar tibio en este tipo de decisiones, al no fijar una postura clara y consistente frente al tema del matrimonio igualitario.
Por el otro lado, colectivos de la comunidad LGBT señalaron que el tema no está cerrado y dejaron en claro que habrá voto de castigo, al considerar que el proceso legislativo no garantiza certeza ni compromiso real con sus demandas.
El tiro ya está cantado. Acción Nacional ha mostrado un discurso que estas organizaciones califican como tibio.
Por una parte dicen apoyar a las personas del mismo sexo, pero por otra parte evitan definir con claridad si votarán a favor o en contra, o cambian de posición en el proceso legislativo.
En ese vaivén, tanto colectivos como organizaciones señalan que hay un manejo político donde las agendas se utilizan como moneda de cambio.
Incluso desde organizaciones provida se señala que hay actores dentro del PAN que operan como elementos de implosión interna, debilitando las agendas que deberían estar enfocadas en la vida, la familia y la niñez.
El señalamiento se centró directamente en la diputada Nancy Frías, a quien se le atribuye haber firmado compromisos en defensa de la vida y la familia, pero al mismo tiempo impulsar posturas distintas en torno al matrimonio igualitario.
Previo a la sesión que no se realizó, ella declaró que votaría a favor del dictamen, lo que generó reacciones encontradas.
Desde las asociaciones conservadoras se señaló que esa postura fue un “balazo”.
También, el Colectivo LGBT advirtió que habrá voto de castigo sin duda alguna, según lo expresado por integrantes del propio colectivo, aunque sin pertenecer a ningún partido político.
El resultado es un PAN en constante vaivén, donde las decisiones terminan siendo leídas como tibias por ambos extremos: tanto por organizaciones religiosas como por colectivos de la diversidad.
En el Congreso del Estado se abrió otro frente de tensión, ahora con la Fiscalía General de la República, luego de que se denunciara el envío de un oficio a un diputado local tras la presentación de un exhorto legislativo.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, aseguró que se trata de un hecho inédito y una forma de presión política desde el Gobierno Federal.
De acuerdo con su versión, a partir de un exhorto legislativo la FGR solicitó información relacionada con presuntos delitos mencionados en tribuna.
El punto que encendió el debate es que la Fiscalía estaría pidiendo a los diputados precisar tiempo, modo y lugar de los hechos que ellos mismos señalan, lo que el PAN interpreta como un intento de trasladar al Congreso funciones que corresponden al Ministerio Público.
Chávez Madrid sostuvo que los legisladores están siendo “reconvenidos” por la Fiscalía, algo que aseguró no había ocurrido en dos décadas dentro del Congreso del Estado.
El oficio, dijo, llegó hace un par de días y será respondido jurídicamente por el Congreso del Estado.
Incluso adelantó que la respuesta será acompañada de argumentos de derecho constitucional, en lo que describió como una especie de “clase” dirigida a la propia Fiscalía.
Desde la bancada panista también se acusó que la FGR pretende que los diputados asuman tareas de investigación que no les corresponden.
“La Fiscalía quiere que hagamos el jale de investigar un delito”, dijo el coordinador al advertir que, si eso no es una forma de presión, entonces qué sería.
Eloy García Tarín, director de Comunicación Social de la FGE, mantiene bajo señalamientos internos a su gestión luego de la renuncia del ex fiscal César Jáuregui Moreno.
De acuerdo con mensajes internos, se le acusa de dejar en visto a personal bajo su cargo, contestar cuando quiere incluso en temas urgentes y ejercer un control estricto sobre el área.
Se señala que rara vez se presenta en la oficina y que cuando lo hace es después de las dos de la tarde, aproximadamente cada dos días.
También se le acusa de ejercer acoso y hostigamiento laboral, de buscar control total del área incluso afectando el funcionamiento interno de la propia Fiscalía.
Entre los señalamientos se menciona la implementación de una bitácora para controlar la entrada y salida del personal, lo que ha generado molestia interna.
Incluso se refiere que el control es tal que no se puede realizar actividad básica sin que sea reportada o registrada.