Santiago en la encuesta, Jáuregui en la pelea
Los recortes ya tienen cifra
Chaparro se mete a la contienda
La reforma terminó en pleito
La semana arrancó con una nueva entrega del ya conocido deporte favorito de la política chihuahuense: las encuestas.
Ahora fue GobernArte la que colocó al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, como el perfil mejor posicionado del PAN para la alcaldía de Chihuahua con 29.2 por ciento de las preferencias, seguido por César Jáuregui con 24.5 por ciento y María Angélica Granados con 22.6 por ciento.
Como suele ocurrir en estos ejercicios, la discusión no gira tanto alrededor de los números sino de quién los paga. Porque en política las encuestas suelen terminar hablando bien de quien las manda hacer. Y precisamente por eso llamó la atención que Santiago de la Peña aparezca encabezando el ejercicio en momentos en que dentro del PAN sigue sin existir claridad sobre el método y los tiempos para definir candidaturas.
Mientras las encuestas acomodan el tablero, César Jáuregui parece haber optado por otro camino. En las últimas semanas dejó claro que va por la candidatura a la alcaldía, aun cuando en los círculos políticos se da por hecho que desde Palacio de Gobierno existe una marcada inclinación para impulsar a Santiago de la Peña.
En medio del hermetismo que mantiene la dirigencia estatal encabezada por Daniela Álvarez, estos ejercicios terminan funcionando más como mensajes políticos que como simples mediciones. De un lado aparece Santiago acumulando números; del otro, Jáuregui caminando por cuenta propia y dejando entrever que no piensa bajarse de la contienda interna. Y tratándose de un perfil sobrio, conciliador y poco dado al protagonismo, el mensaje adquiere todavía mayor peso.
Por el lado de Morena tampoco hay demasiadas novedades. Brenda Ríos registra 26.8 por ciento y Marco Quezada 25.1 por ciento, prácticamente un empate técnico, mientras Miguel Riggs aparece con 12.4 por ciento.
La realidad es que Morena sigue sin encontrar una figura que logre entusiasmar al electorado de la capital. Con todo y la fuerza que conserva Claudia Sheinbaum a nivel nacional, Chihuahua capital continúa siendo territorio complicado para la Cuarta Transformación. La disputa interna existe, pero más por la candidatura que por las posibilidades reales de triunfo.
Los perfiles que aparecen en la encuesta tampoco ayudan demasiado. Marco Quezada carga con derrotas previas, Miguel Riggs sigue sin consolidar una estructura propia y Brenda Ríos continúa intentando construir una conexión con el electorado que hasta ahora no termina de reflejarse con claridad.
Mientras tanto, en el PRI la competencia luce más cerrada. José Luis Villalobos encabeza con 28.6 por ciento, seguido muy de cerca por Fermín Ordóñez con 27.9 por ciento y más atrás Rosy Carmona con 16.6 por ciento.
Villalobos ha sido particularmente cuidadoso con sus aspiraciones y eso le ha permitido crecer sin generar demasiadas resistencias. En el PRI saben perfectamente que la batalla principal será conservar relevancia política y electoral. Desde la dirigencia estatal que encabeza Alejandro Domínguez aseguran que todavía tienen parque para competir, incluso si la alianza con el PAN no termina concretándose.
Otro asunto que sigue dando de qué hablar son los recortes federales.
Ahora el secretario de Hacienda estatal, Jesús Granillo, salió con una cifra concreta: durante los primeros cuatro meses del año Chihuahua ha dejado de recibir alrededor de mil millones de pesos.
Lo relevante no fue solamente el dato, sino que el Consejo Coordinador Empresarial terminó coincidiendo con el diagnóstico. No mediante un comunicado ni una postura política, sino respondiendo cuestionamientos directos sobre el tema.
El mensaje fue sencillo: no se trata de un problema exclusivo de Chihuahua, sino de una situación que enfrentan distintas entidades federativas.
La explicación apunta al déficit presupuestal que enfrenta la Federación y al peso financiero que representan los programas sociales. Eso, según esta visión, termina impactando las participaciones y recursos que reciben los estados.
La declaración adquiere relevancia porque proviene de un organismo que constantemente se ha asumido como apartidista y que incluso ha cuestionado al propio Gobierno del Estado cuando considera insuficiente la inversión en infraestructura.
Por eso llamó la atención que coincidieran en el diagnóstico. Sin grilla, sin estridencias y sin discursos incendiarios, simplemente reconocieron una realidad financiera que ya comienza a reflejarse en proyectos y obras.
Marco Bonilla ya había advertido sobre los efectos que estos ajustes tendrían para la capital. En contraste, quien se ha mantenido alejado del debate es Cruz Pérez Cuéllar. Aunque actualmente se encuentra con licencia, nada le impediría salir a defender la postura federal o explicar por qué, desde la óptica de la Cuarta Transformación, no existe tal disminución de recursos.
Hasta ahora quien ha tomado esa bandera ha sido Cuauhtémoc Estrada, que desde sus conferencias semanales ha insistido en que durante la actual administración estatal se han entregado alrededor de 10 mil millones de pesos adicionales respecto a ejercicios anteriores.
Entre unos y otros, la guerra de cifras continúa. El problema es que tarde o temprano la discusión dejará de ser estadística para convertirse en una pregunta mucho más simple: si los recursos están llegando o si las afectaciones ya comenzaron a sentirse.
Morena finalmente entró en modo sucesión.
Este martes se llevarán a cabo los registros de quienes aspiran a convertirse en coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, antesala natural de la candidatura a la gubernatura.
Todos daban por hecho que la disputa quedaría reservada para Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar. Sin embargo, apareció un tercer nombre que pocos contemplaban: Martín Chaparro.
Y no se trata de cualquier militante.
Chaparro fue dirigente estatal de Morena durante siete años, es uno de los fundadores del movimiento en Chihuahua y forma parte de quienes construyeron el partido cuando todavía no existían cargos públicos, presupuestos ni estructuras consolidadas.
Su presencia en el proceso tiene una lectura política evidente. No cuenta con la exposición mediática de Andrea Chávez ni con la plataforma institucional que le dio a Cruz Pérez Cuéllar la alcaldía de Ciudad Juárez. Tampoco aparece en las encuestas. Sin embargo, conserva algo que dentro de Morena sigue teniendo valor: el respaldo de una parte importante de las bases.
Por eso su registro resulta relevante. Más allá de las posibilidades reales de competir, su participación permite que los grupos fundadores tengan voz en una contienda que parecía reservada exclusivamente para los perfiles más visibles.
La presencia de Chaparro podría convertirse en una vía para que las bases tengan representación cuando llegue el momento de definir espacios políticos una vez que se conozca quién encabezará el proyecto rumbo al 2027.
Por lo pronto, el profesor logró meterse a una competencia donde pocos lo esperaban.
Por cierto, Morena estatal también dio a conocer que Juan Carlos Loera no formará parte de este registro, toda vez que su aspiración está dirigida a la alcaldía de Ciudad Juárez.
Y si alguien pensaba que la sesión extraordinaria del Congreso sería un simple trámite legislativo, estaba equivocado.
La discusión sobre la reforma electoral terminó convertida en una mezcla de reclamos, señalamientos, cuestionamientos al procedimiento parlamentario y viejas cuentas pendientes.
El primer punto que encendió los ánimos fue el dictamen relacionado con la nulidad de elecciones por intervención del crimen organizado y las llamadas narcocandidaturas. La propuesta no alcanzó la mayoría calificada y fue regresada a comisiones.
La votación dejó varias postales políticas. Una de ellas fue la abstención de Rosana Díaz, visible porque participó de manera remota a través del sistema digital.
En realidad, el desenlace no sorprendió demasiado. Si Morena a nivel nacional rechazó incorporar estos temas a la reforma electoral federal, era lógico pensar que la bancada local mantendría la misma postura.
Sin embargo, el debate rápidamente dejó de centrarse en el contenido y se trasladó al procedimiento.
Cuauhtémoc Estrada subió a tribuna para cuestionar la legalidad de los dictámenes presentados. Incluso solicitó la reproducción de un video de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para sostener que solamente se había aprobado un dictamen y no tres como finalmente fueron presentados al Pleno.
Su argumento fue claro: la comisión nunca discutió tres documentos distintos, nunca votó tres proyectos diferentes y nunca aprobó tres dictámenes separados. Desde su perspectiva, esa irregularidad podría abrir la puerta a futuras impugnaciones y poner en riesgo la validez de las reformas.
Mientras eso ocurría, otro frente se abrió en la misma sesión.
María Antonieta Pérez denunció un presunto error en el sistema de votación del Congreso. Según explicó, existe una diferencia entre lo que aparece registrado en el tablero electrónico y lo que posteriormente se publica en el Diario de los Debates.
La legisladora sostuvo que en una votación relacionada con deuda pública su sufragio apareció en sentido favorable cuando, asegura, votó en sentido contrario. Por ello exigió que las votaciones más relevantes se realicen de manera nominal, mencionando el nombre de cada diputado y el sentido de su voto.
El reclamo no fue menor. En términos prácticos, puso en duda la certeza del sistema utilizado para contabilizar las decisiones legislativas.
Así que la reforma electoral terminó dejando más preguntas que respuestas. Morena insiste en que se violentó el procedimiento parlamentario. María Antonieta cuestiona la confiabilidad del sistema de votación. Rosana volvió a colocarse en el centro de la conversación. Y el dictamen sobre narcocandidaturas regresó a comisiones.
Para ser una sesión extraordinaria, tuvo bastante de ordinaria política chihuahuense.