¿Institucional o política, la invitación de Maru a Sheinbaum para acudir a la Torre Centinela?
No siempre hubo desencuentro entre Maru y Sheinbaum
Juicio político contra Leticia Ortega activa la comisión de Alfredo Chávez
La invitación que la gobernadora Maru Eugenia Campos Galván hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que una mesa de seguridad estatal pueda realizarse en la Torre Centinela abre una lectura que va más allá de lo estrictamente institucional, sobre todo porque no está claro que la presidenta vaya a aceptar la propuesta.
Y es que una gobernadora puede plantear una invitación y proponer una sede, pero difícilmente puede marcarle la agenda a la presidenta de México. Por eso, habrá que esperar para saber si Sheinbaum considera acudir a Torre Centinela o si la propuesta queda solamente como una invitación dentro del planteamiento de coordinación entre ambos gobiernos.
Si bien es cierto que en el oficio enviado a la presidenta, Maru Campos planteó algunas de las principales necesidades y preocupaciones que enfrenta Chihuahua, también llama la atención que haya sugerido como sede precisamente una de las obras insignia de su administración.
Torre Centinela ha sido objeto de diversos cuestionamientos por parte de Morena, particularmente por el controvertido piso 18, del que incluso se llegó a señalar que estaría destinado a agencias estadounidenses. El propio secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, ha explicado que la incorporación de instituciones y mecanismos de cooperación en ese espacio se daría de manera paulatina.
De ahí que una eventual visita de Sheinbaum a Torre Centinela tendría una lectura que iría más allá de lo estrictamente institucional. La presidenta estaría acudiendo a uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno del Estado y, con ello, inevitablemente habría una lectura política alrededor del encuentro.
El jueves, durante una atención a medios en la frontera, Gilberto Loya señaló que él estaba seguro de que la presidenta Claudia Sheinbaum aceptaría la invitación para acudir a la Torre Centinela. Sin embargo, una cosa es la expectativa del secretario de Seguridad y otra que la presidenta haya confirmado que incorporará la visita a su agenda.
Aun con ello, se mira difícil que Sheinbaum decida entrar específicamente a Torre Centinela como parte de su agenda. Lo que sí pudiera ocurrir es que ambas mandatarias encuentren otro espacio para reunirse y abrir un canal que permita destrabar las gestiones pendientes entre Chihuahua y la Federación.
De hecho, un encuentro de esa naturaleza podría ayudar a que estos últimos meses del gobierno de Maru Campos no estén marcados por un desdén de la Federación hacia los proyectos estatales y que las necesidades más apremiantes de Chihuahua puedan encauzarse.
Al final, más allá de dónde pudiera realizarse la reunión, lo importante sería que exista una coordinación efectiva entre ambos gobiernos. La invitación a Torre Centinela está sobre la mesa, Loya confía en que será aceptada, pero la decisión de incorporarla a su agenda corresponde a la presidenta.
La relación entre la gobernadora Maru Eugenia Campos Galván y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no siempre estuvo marcada por los desencuentros que hoy existen entre ambos gobiernos. Al inicio de la administración federal hubo una etapa de colaboración y coordinación en materia de seguridad.
Maru Campos acudía a las mesas de seguridad nacional encabezadas por la presidenta y, durante sus visitas a Chihuahua, Sheinbaum incorporaba a la gobernadora en distintas actividades. Se percibía entonces una relación institucional encaminada a mantener la coordinación entre la Federación y el Gobierno del Estado.
Ese escenario comenzó a cambiar con el episodio relacionado con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, asunto que posteriormente generó una serie de señalamientos desde la conferencia mañanera y terminó convirtiéndose en uno de los principales puntos de tensión entre ambas administraciones.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum optó posteriormente por reservar durante cinco años parte de la información relacionada con el caso y las respuestas provenientes de Estados Unidos. Maru Campos, en cambio, asumió un discurso cada vez más contestatario hacia la presidenta, la llamada 4T y Morena, al que llegó a referirse como el “partido de la muerte”.
En medio de esa confrontación, la gobernadora también aseguró que iban por ella y que existían citatorios tanto para ella como para integrantes de su familia. Posteriormente buscó matizar esa postura al señalar que nunca había tenido la oportunidad de conocer de primera mano la versión sobre lo ocurrido.
Sin embargo, en ese punto también existe un antecedente que vale recordar. Maru Campos fue citada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, precisamente para conocer la situación relacionada con el controvertido caso de los agentes de la CIA y determinar si tuvieron o no participación en los hechos. Es decir, sí tuvo un espacio para escuchar directamente información sobre el asunto.
Incluso la propia presidenta llegó a señalar públicamente que Maru Campos no le respondía el teléfono, aunque nunca quedó del todo claro si aquella expresión correspondía a una situación estrictamente personal entre ambas mandatarias o formaba parte de la disputa política que ya se había instalado entre sus gobiernos.
Ese es el contexto en el que actualmente se encuentran la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Maru Campos. Pero vale recordar que no siempre fue así. Hubo coordinación, hubo asistencia a las mesas de seguridad y hubo una relación institucional que durante un tiempo parecía encaminada a trabajar de manera conjunta por Chihuahua.
El cambio vino después y, desde entonces, la relación entre ambas administraciones ha transitado por una etapa mucho más complicada. Por eso, cualquier intento de retomar la coordinación tendrá necesariamente que pasar por esa historia reciente.
La ratificación de la denuncia de juicio político presentada por el colectivo Papá No Soy, Soy Papá No Criminal contra la diputada de Morena, Leticia Ortega, vuelve a poner el asunto en manos del Congreso del Estado y podría activar la comisión encargada de analizar este tipo de procedimientos, cuya presidencia está a cargo de Alfredo Chávez, coordinador del PAN.
El asunto resulta interesante no solamente por el procedimiento que ahora deberá seguir la denuncia, sino también por el papel que ha desempeñado Leticia Ortega como presidenta de la Comisión de Fiscalización. Hasta ahora, desde esa posición no se le han conocido señalamientos públicos en contra de los presupuestos aprobados para el Gobierno del Estado durante la administración de Maru Campos, ni cuestionamientos relevantes sobre asuntos como el gasto relacionado con Torre Centinela o incluso sobre la actuación de la Auditoría Superior del Estado.
Por eso, habrá que ver qué cauce toma ahora el juicio político y, sobre todo, qué determinación adopta la comisión que preside Alfredo Chávez.
Ayer, durante la jornada en el Congreso, a Leticia Ortega se le vio atenta al asunto y posteriormente declaró que el procedimiento no le preocupaba y que incluso tomaría la tribuna para fijar su postura.
Las activistas que acudieron a ratificar la denuncia, por su parte, señalaron como llamativo que una legisladora abandonara, desde su perspectiva, el papel institucional que corresponde a una diputada para asumir una postura más cercana al activismo.
También hicieron referencia a videos de una rueda de prensa realizada en el propio Congreso del Estado, en los que, según las integrantes del colectivo, se observa un lenguaje corporal intimidante por parte de la diputada hacia integrantes del grupo.
En uno de esos momentos, de acuerdo con lo expuesto por las activistas, Leticia Ortega se habría levantado exaltada de la mesa para posteriormente regresar a su lugar y concluir su intervención. Después, señalaron, se dirigió con los dedos hacia integrantes del colectivo para reclamarles por lo que consideraba un intento de evadir una responsabilidad legal mediante un cambio de género.
Estos hechos forman parte de los argumentos que las integrantes del colectivo llevaron ante el Congreso y que ahora deberán ser revisados dentro del procedimiento correspondiente.
Así que, más allá de las posturas encontradas entre la diputada y el colectivo, lo interesante será ver qué camino sigue la denuncia y hasta dónde llega la comisión encargada de analizar el juicio político. Con Alfredo Chávez al frente, el asunto vuelve a colocarse en una zona donde las posiciones políticas pueden terminar cruzándose con el procedimiento legislativo.