Jáuregui: de testigo a imputado
Y ahora, ¿cómo enfrentará la audiencia del jueves?
¿Maru estaba enterada o no?
El PAN responde tarde para hacer política
Bonilla se suma al guion del PAN
Loera no construye, divide
De ser considerado testigo a enfrentar una investigación penal como imputado. Ese es uno de los puntos que Héctor Villasana, abogado de César Jáuregui Moreno, puso sobre la mesa al cuestionar la forma en que se procedió contra el exfiscal en el caso de traición a la patria.
Villasana sostuvo que Jáuregui había comparecido ante la Fiscalía General de la República sin problemas, por lo que cuestionó la necesidad de solicitar una orden de aprehensión en su contra. Desde la perspectiva de la defensa, bastaba con citarlo ante un juez para que atendiera el procedimiento, sin necesidad de recurrir a su detención.
Pero el señalamiento más delicado del abogado tiene que ver con el cambio de calidad dentro de la investigación. Según Villasana, Jáuregui pasó de ser considerado testigo a imputado, una modificación que, afirmó, quedó asentada en la carpeta de investigación y que relacionó con una entrevista que la gobernadora Maru Campos concedió al programa Latinus. La afirmación abre un cuestionamiento sobre cómo se tomó esa determinación, aunque corresponde a las autoridades judiciales revisar las actuaciones y los elementos que la sustentan.
La defensa también cuestionó que Jáuregui haya sido trasladado a la Ciudad de México mientras todavía tiene pendiente una audiencia de vinculación a proceso en Chihuahua. Villasana advirtió que enfrentar procedimientos simultáneos puede afectar el derecho de su cliente a estar presente, ofrecer pruebas y participar en su desahogo. Por ello, adelantó que realizarán gestiones y promoverán recursos mientras esperan la determinación de la jueza federal.
A los cuestionamientos se suma la competencia de la unidad especial que investiga el caso. El abogado sostuvo que esa instancia carece de facultades legales para investigar y perseguir los delitos señalados, argumento que la defensa pretende sostener durante la audiencia de vinculación a proceso.
Villasana también dijo que no recuerda antecedentes de una persona juzgada por traición a la patria en el México independiente. Se trata de una apreciación basada en su experiencia como litigante, no de una confirmación histórica sobre la inexistencia de casos anteriores.
El cambio de testigo a imputado queda así en el centro de los cuestionamientos de la defensa. La discusión no se limita a la detención de Jáuregui, sino que alcanza la forma en que avanzó la investigación, las decisiones tomadas por las autoridades y las condiciones en que deberá enfrentar los procedimientos abiertos en su contra.
César Jáuregui Moreno permanece en el penal del Altiplano, en el Estado de México, pero este jueves tiene programada una audiencia de vinculación a proceso en Chihuahua. La distancia entre ambos puntos plantea una interrogante sobre cómo se desarrollará la diligencia y de qué manera podrá participar el exfiscal mientras permanece bajo custodia federal.
Desde el equipo de defensa de Jáuregui advierten que someterlo a procedimientos simultáneos puede limitar su derecho a estar presente, ofrecer pruebas y participar en su desahogo. El señalamiento pone el foco en las condiciones en que deberá atender la audiencia programada en Chihuahua y en las medidas que tendrán que tomarse para garantizar su participación.
La cuestión es qué ocurrirá este jueves. Con Jáuregui en el Altiplano y una audiencia pendiente en Chihuahua, deberá definirse cómo se llevará a cabo la diligencia, si participará por videoconferencia o qué mecanismo se utilizará para que pueda atender el proceso sin afectar sus derechos.
Más allá de la detención y del traslado a un penal federal, el desarrollo de la audiencia será otro punto clave en el caso. La defensa ya advirtió sobre las posibles afectaciones de enfrentar procedimientos al mismo tiempo. Ahora falta conocer cómo se resolverá esa situación y bajo qué condiciones se realizará la audiencia.
La pregunta sigue sin respuesta y es precisamente la que mantiene abierto el debate sobre el caso CIA. ¿Maru Campos sabía de la participación de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal, Morelos, o se enteró después? La gobernadora ha insistido en que nadie está por encima de la ley y en que, si algún funcionario cometió un ilícito, deberá responder. Pero el fondo del asunto no es solamente quién terminará procesado, sino qué sabía el Gobierno estatal de una operación realizada bajo su administración.
César Jáuregui no era un funcionario cualquiera. Fue coordinador de las campañas de Maru, secretario general de Gobierno y fiscal estatal. Su cercanía con la gobernadora vuelve inevitable la pregunta sobre la información que circulaba entre quienes encabezaban el aparato de seguridad. Maru ha pasado de negar que autorizara la participación de agentes estadounidenses y afirmar que desconocía su presencia, a reconocer que Jáuregui le informó que había ciudadanos norteamericanos involucrados. Después defendió la colaboración con Estados Unidos, aunque ahora recalca que debe darse por conductos institucionales. Entre una declaración y otra, todavía falta precisar qué conocía, cuándo lo supo y qué decisiones tomó.
Mientras esa incógnita permanece, el PAN ha llevado la discusión al terreno de la confrontación partidista. Jorge Romero, dirigente nacional del partido, aprovechó el caso para lanzar cuestionamientos contra Morena y vincular el debate con el combate al narcotráfico. Daniela Álvarez también intervino en redes sociales para preguntar por qué Morena no concentra sus señalamientos en Rubén Rocha Moya y acusar al partido de proteger al crimen organizado.
La respuesta panista llega cuando el caso ya puso bajo presión al gobierno de Maru Campos. En lugar de aclarar qué sabía la gobernadora sobre el operativo, la dirigencia nacional y los representantes locales han desplazado parte de la discusión hacia los señalamientos contra Morena. Es una defensa que busca convertir el asunto en una disputa entre partidos, pero que no responde a la pregunta central sobre lo ocurrido en Chihuahua.
Además, hay dos procedimientos distintos en juego. En la causa estatal, Jáuregui obtuvo la posibilidad de llevar su proceso en libertad con medidas cautelares. En la federal enfrenta una acusación por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria. La resolución de una causa no determina automáticamente el desenlace de la otra, y esa diferencia tampoco resuelve las dudas sobre el conocimiento que tuvo la gobernadora.
El PAN puede cuestionar a Morena por otros casos, pero eso no explica cómo se desarrolló el operativo de El Pinal ni qué información recibieron las autoridades estatales. Si Maru sostiene que la cooperación con Estados Unidos debía realizarse por conductos institucionales, el partido también tendría que afrontar las preguntas sobre la actuación de su propio gobierno, en lugar de limitarse a la confrontación política.
El momento tampoco es menor para el panismo de Chihuahua. El partido atraviesa su proceso interno para definir la candidatura a la alcaldía de la capital, mientras persisten las diferencias entre aspirantes y las versiones sobre quién cuenta con el respaldo de la gobernadora. En ese escenario, el nombre de Santiago de la Peña, exfuncionario priista señalado como la opción preferida de Maru, añade otra arista a la disputa interna.
Después de guardar silencio sobre el caso de César Jáuregui, Marco Bonilla finalmente salió a posicionarse, pero su declaración siguió una línea muy similar a la del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y la de Daniela Álvarez. La frase clave es “estado de derecho”, un concepto que Romero puso sobre la mesa desde temprano y que terminó marcando el discurso panista para abordar la detención del exfiscal.
La línea consiste en defender la impartición de justicia cuando se trata del proceso local contra Jáuregui, bajo la premisa de que debe aplicarse la ley, caiga quien caiga, pero presentar como persecución política la actuación de las autoridades federales. La diferencia de criterios deja una pregunta incómoda para el panismo: ¿por qué la justicia debe respetarse en un ámbito y cuestionarse en el otro? Si el principio es el estado de derecho, tendría que sostenerse en ambos casos, sin importar qué autoridad lleva las investigaciones. Y aquí cabe otra pregunta: ¿alguien le habrá avisado a Bonilla que fue Maru Campos quien metió a César Jáuregui a la cárcel?
Las coincidencias entre Bonilla, Romero y Daniela apuntan a una misma estrategia para contener el costo político del caso. Mientras el PAN intenta trasladar la discusión hacia Morena y la persecución política, sigue pendiente explicar cómo llegó Jáuregui a enfrentar ambos procesos y qué responsabilidad política asumen quienes formaron parte de su círculo. No sería extraño que Alfredo Chávez y la bancada panista repitieran una línea similar. Por ahora, el discurso se parece más a un intento de controlar los daños que a una respuesta de fondo.
Bonilla finalmente salió a posicionarse, pero su mensaje, tan tibio, no alcanza para calmar a las huestes panistas.
Juan Carlos Loera volvió a mover sus piezas dentro de Morena con la presentación de coordinadores afines a su grupo, integrado por militantes que se identifican como fundadores del movimiento. Detrás de esa convocatoria hay una disputa por los espacios y el reconocimiento dentro del partido. Loera sostiene que las cúpulas reciben los beneficios mientras quienes estuvieron desde el principio quedan relegados, un discurso que amenaza con profundizar las diferencias internas en lugar de contribuir a la unidad.
La paradoja es que, mientras reclama inclusión para los fundadores, Loera encabeza una operación política que agrupa a los afines a su propia corriente. En vez de abonar a la cohesión de Morena, la estrategia abre otro frente de confrontación entre sus militantes y coloca los intereses de grupo por encima de la construcción de acuerdos.
Loera ya tuvo su oportunidad en 2021, cuando compitió por la gubernatura de Chihuahua y perdió frente a Maru Campos, pese a que entonces encabezaba la representación federal de los programas de Bienestar en el estado. En 2024 llegó al Senado en una elección marcada por el arrastre nacional de Morena y la popularidad de Claudia Sheinbaum. Ahora, en lugar de concentrarse en demostrar desde la Cámara alta qué puede hacer por Chihuahua, vuelve a colocar en el centro su condición de fundador y su cercanía con el obradorismo para reclamar espacios para otros, cuando él mismo no pudo ganar la gubernatura.
Hay otro detalle que no debería pasar inadvertido. Tanto en 2021, cuando compitió por la gubernatura, como en 2024, cuando llegó al Senado, Loera obtuvo la candidatura por designación directa. Mientras ahora reclama que los fundadores tengan mayor reconocimiento y participación, en ambos procesos recibió la nominación sin tener que competir bajo esquemas como los que hoy se discuten dentro de Morena, basados en encuestas y posicionamiento. Más de un militante habría querido tener esas mismas oportunidades, y queda la duda de si Loera habría conseguido las candidaturas en un proceso abierto a la medición de perfiles y respaldo ciudadano.