Bonilla, el demócrata de piel delgada
Jáuregui se aferra a la reserva de El Pinal
¿Afectarán el juicio político a las aspiraciones de Olson y Lety Ortega?
A río revuelto, Fermín levanta la mano más alto
Una vez más, el PAN evita discutir el exhorto contra Maru
Marco Bonilla habla de democracia y prensa libre, pero cuando un reportero le hace preguntas incómodas, el discurso se le olvida y aparece la intolerancia. El alcalde que presume defender la patria, la familia y la libertad parece tener problemas para aceptar que no todos están obligados a aplaudirle. Para él, si no piensas igual o no estás de acuerdo con sus decisiones, parece que la consigna es que ch… a su m…
Bonilla se enganchó con un medio de comunicación y dejó otra muestra de que el cuero delgadito no necesariamente está del lado de quienes lo critican. Porque una cosa es cuestionar el trabajo de un periodista y otra muy distinta es pretender que la prensa libre solamente merece ese nombre cuando publica algo favorable.
El asunto cobra relevancia después de que el propio alcalde apelara al discurso de la prensa libre y marcara distancia con lo que considera prensa morenista. ¿Qué esperaba? ¿Qué todos los reporteros le aplaudieran cada declaración, cada decisión y cada movimiento? La democracia no consiste en recibir aplausos permanentes ni en descalificar a quien hace preguntas incómodas.
Pero hay otro asunto que merece atención. ¿Cómo es que Chiwas News, uno de los medios que más cuestiona a Bonilla, terminó en el lugar y a la hora precisos para encontrarlo? La coincidencia llama la atención, sobre todo si se considera que el periodista parecía estar esperando el momento para abordarlo.
¿Alguien le informó sobre los movimientos del alcalde? ¿Hubo alguna filtración desde su equipo cercano o simplemente se trató de seguimiento periodístico?
Tampoco hay que perder de vista que engancharse con un periodista al que ya conoce no parece la mejor estrategia. Si Bonilla sabe cómo trabaja y qué tipo de preguntas suele hacer, lo razonable sería responder, marcar sus diferencias y seguir adelante. En cambio, cada reacción termina abriendo otro frente de discusión que desplaza el asunto de fondo.
Vaya paradoja la del demócrata que presume defender la patria, la familia y la libertad, pero se incomoda cuando la prensa no le compra el discurso. La libertad no se demuestra con un lema ni con un cargo partidista, sino con la disposición a tolerar la crítica, incluso cuando no gusta.
Al final, si el PAN quiere elevar el discurso, tendrá que demostrarlo con hechos. Porque entre las descalificaciones, las cachuchas y los reclamos contra la prensa, la línea entre defender una postura y terminar reproduciendo las prácticas que se critican se vuelve cada vez más delgada.
La intolerancia también es una forma de autoritarismo, porque no aceptar las críticas ni las opiniones distintas termina por cerrar el diálogo y convertir cualquier desacuerdo en un conflicto.
César Jáuregui volvió a poner el dedo en la llaga. Durante la audiencia de vinculación a proceso por traición a la patria, el exfiscal reveló que el Gobierno de Estados Unidos ya respondió al requerimiento de información sobre el caso del narcolaboratorio de El Pinal, pero el Gobierno mexicano clasificó esa contestación por cinco años. Un dato que la defensa puso sobre la mesa para cuestionar el caso y que vuelve a abrir una interrogante incómoda para la administración de Claudia Sheinbaum: ¿qué es lo que no quieren que se sepa?
El asunto no es menor. Estamos hablando de agentes de la CIA que estuvieron en Chihuahua durante el operativo contra el narcolaboratorio y cuya presencia desató una controversia sobre la soberanía nacional. Sheinbaum sostuvo que los agentes estadounidenses habían acudido únicamente en calidad de acompañamiento y que no participaron en el desmantelamiento. Después, dos de ellos murieron en una volcadura, un episodio que añadió más preguntas a una historia que todavía tiene cabos sueltos.
La respuesta del Gobierno estadounidense podría contener información relevante para reconstruir lo ocurrido, pero su contenido quedó fuera del alcance público durante cinco años. Y ahí está el punto que Jáuregui aprovechó durante la audiencia. La defensa no solo busca cuestionar la acusación por traición a la patria, sino también poner sobre la mesa la reserva de información y las decisiones del Gobierno federal en torno al caso.
Reservar información se ha vuelto una práctica recurrente en los gobiernos estatales y federales cuando buscan mantener ciertos asuntos fuera del escrutinio público, particularmente bajo argumentos de seguridad. Ahora, la administración de la 4T echó mano de ese mecanismo para clasificar durante cinco años la respuesta estadounidense sobre el operativo de El Pinal. La decisión impide conocer qué información entregó Washington sobre la participación de los agentes de la CIA y las circunstancias del operativo.
¿La contestación contiene elementos que contradicen la versión oficial? ¿Aporta datos sobre el papel que desempeñaron los agentes estadounidenses? ¿O confirma la explicación de que únicamente acompañaron a las autoridades mexicanas? Sin acceso al documento, ninguna de esas posibilidades puede darse por probada. Lo que sí puede cuestionarse es por qué una pieza de información tan relevante quedó reservada justo cuando el caso comenzaba a escalar política y judicialmente.
Sheinbaum había sostenido que los agentes de la CIA no participaron en el desmantelamiento del narcolaboratorio. Con el paso de los días, el tema fue perdiendo espacio en las conferencias presidenciales, mientras la discusión se desplazaba hacia la actuación de las autoridades de Chihuahua. Ahora, Jáuregui recupera ese episodio y lo incorpora a su estrategia de defensa, señalando que existe una respuesta oficial estadounidense que la sociedad no puede conocer.
La reserva de cinco años se convirtió así en un elemento que Jáuregui puede utilizar para cuestionar la versión oficial y la acusación que enfrenta. No demuestra por sí sola que el Gobierno federal oculte información que lo comprometa, pero sí deja un punto sin aclarar que el exfiscal llevó a la audiencia: Washington ya respondió sobre El Pinal, pero la sociedad tendrá que esperar para conocer qué dijo. Mientras tanto, Jáuregui encontró en esa decisión un argumento más para su defensa.
Tal parece que, conforme se acercan los tiempos electorales, las manifestaciones de distintos grupos sociales comienzan a cruzarse cada vez más con las disputas entre partidos. En Chihuahua ya hay un ejemplo concreto. Primero fue el colectivo Soy Papá No Criminal, identificado políticamente con el diputado panista Carlos Olson, el que promovió un juicio político contra la morenista Leticia Ortega. Ahora, la Unión y Fuerza de Mujeres Trans y el Comité de la Diversidad hicieron lo propio contra el legislador del PAN. El intercambio ya está sobre la mesa.
La primera solicitud se presentó en septiembre, luego de una confrontación ocurrida en julio en el Congreso del Estado. Los integrantes de Soy Papá No Criminal acusaron a Ortega de discriminación, violencia institucional y expresiones que, desde su perspectiva, vulneraron sus derechos. La diputada quedó bajo presión por un conflicto que también involucra a colectivos trans y las diferencias sobre la identidad de género, la legislación y los derechos de las familias.
Este martes, el otro frente respondió. Integrantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans y del Comité de la Diversidad acudieron a la Oficialía de Partes para solicitar un juicio político contra Carlos Olson. Lo acusan de emitir expresiones discriminatorias y promover discursos de odio contra la comunidad trans y LGBT. También cuestionaron el respaldo que, aseguran, el panista ha brindado a personas que mantienen una disputa con integrantes de esos colectivos.
Así, los dos legisladores quedaron involucrados en procedimientos promovidos por grupos enfrentados entre sí. Y aunque las acusaciones deberán revisarse conforme a derecho, la coincidencia política resulta inevitable. La solicitud contra Ortega fue impulsada por un colectivo cercano a Olson; ahora, agrupaciones que han respaldado a la morenista buscan que el Congreso revise la actuación del diputado panista.
Pero el asunto no termina en un intercambio de denuncias. Leticia Ortega tiene aspiraciones políticas y su nombre aparece entre los perfiles que podrían buscar la candidatura de Morena a la diputación federal por el Distrito 3. Fundadora del partido y vinculada al llamado Grupo Coyoacán, la legisladora tiene razones para cuidar su posición dentro de una organización en la que las definiciones electorales comenzarán a pesar cada vez más.
A ese escenario se suma la versión de que se prepara una denuncia ante el INE que buscaría impedir que Ortega participe en futuras candidaturas o cargos de gobierno. De concretarse, abriría otro frente para la diputada.
¿La presentación del juicio político contra Olson es únicamente una respuesta a los señalamientos que los colectivos trans dicen haber enfrentado durante años o también tiene una lectura política? ¿Ortega busca cerrar filas con quienes la respaldan y equilibrar la presión que enfrenta? Son preguntas que el momento permite plantear, aunque no hay elementos suficientes para dar por hecho que exista una negociación o que la denuncia sea una maniobra electoral.
Y tampoco se puede pasar por alto el papel de Carlos Olson. El diputado panista no está al margen de esta confrontación: los colectivos lo señalan por sus declaraciones y por el apoyo que, según afirman, ha brindado a sus adversarios. Así como debe revisarse la denuncia contra Ortega, también corresponde analizar la que ahora se presentó contra él, sin convertir a ninguno de los dos en intocable por sus siglas partidistas.
Al final, estos juicios políticos podrían servir para algo más que buscar consecuencias legales. Aunque las solicitudes no significan que los acusados hayan cometido alguna falta, sí dejan un antecedente público y una mancha que sus adversarios pueden recuperar en plena carrera electoral. Para Carlos Olson, la pregunta es si esta controversia pesará en sus aspiraciones de buscar la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua, sobre todo después de que Santiago Taboada hablara de la intención de postular candidatos intachables.
Del lado de Morena, Leticia Ortega también tendrá que medir el costo político de este episodio. Si el partido pretende aplicar filtros rigurosos para elegir a sus candidatos, ¿cómo pesará este conflicto en sus aspiraciones de obtener la candidatura a la diputación federal por el Distrito 3?
Una vez más, el PAN sale de la sesión del Congreso
En medio de la discusión sobre si habrá o no alianza entre el PRI y el PAN para la alcaldía de Chihuahua, Fermín Ordóñez encontró la manera de seguir moviendo su aspiración. El dirigente de Movimiento Territorial en el comité estatal priista quedó identificado como quien está detrás de la versión de que el tricolor buscaría competir en solitario en la capital, una noticia que habría surgido desde la propia dirigencia estatal del partido.
La versión aparece en un momento complicado para el PAN, marcado por las fracturas internas y la crisis política que provocó la detención del exfiscal César Jáuregui. En ese escenario, la posibilidad de que el PRI se separe de su aliado electoral abre espacio para que perfiles como Ordóñez mantengan viva su aspiración, aunque una cosa es que el partido contemple competir por su cuenta y otra muy distinta que tenga posibilidades reales de ganar la capital sin el respaldo panista.
Ordóñez aparece en las versiones que circulan sobre una posible candidatura priista a la alcaldía, bajo el argumento de que le correspondería por el trabajo que realizó en la elección de 2024. En aquella contienda, ayudó a Alejandro Domínguez a ganar el Distrito 8 federal frente a Marco Quezada, una demarcación que el PRI le arrebató a Morena. Ese trabajo electoral sería el antecedente para reclamarle al partido una recompensa política.
Falta conocer si Alejandro Domínguez confirma esa versión en una eventual rueda de prensa esta semana o si la dirigencia estatal aclara que el partido todavía no ha tomado una decisión definitiva.
El PRI difícilmente tendría posibilidades de disputar la alcaldía con fuerza si compite sin el PAN, a menos que la crisis interna panista termine favoreciendo a Ordóñez y el partido blanquiazul decida no postular candidato. En ese escenario, el respaldo tendría que ir mucho más allá de dejarle el espacio en la boleta: implicaría poner a disposición del priista la estructura territorial del PAN y una parte importante de su voto.
También entraría en juego la relación de Ordóñez con Marco Bonilla. Si el alcalde viera con buenos ojos esa posibilidad, el escenario podría tomar otra dimensión; de lo contrario, pensar que el panismo renunciaría a competir por la presidencia municipal para respaldar a un priista parece una apuesta complicada.
Por ahora, la aspiración de Fermín Ordóñez aparece entre las versiones sobre el futuro electoral del PRI y la posibilidad de que las diferencias internas del PAN abran una oportunidad. Pero una cosa es levantar la mano y otra conseguir que el PRI, el PAN y sus principales figuras coincidan en una candidatura común. Mientras no exista una definición de las dirigencias, la alcaldía parece un objetivo lejano y la regiduría, una posibilidad más concreta.
Ya se hizo costumbre en el Congreso del Estado que los diputados del PAN abandonen la sesión cuando Morena lleva a discusión asuntos relacionados con la gobernadora Maru Campos. Este martes, la solicitud para que la mandataria pida licencia temporal volvió a colocar a las bancadas frente al caso de El Pinal.
La diputada de Morena, Magdalena Rentería, presentó el exhorto para solicitar que Campos se separe temporalmente del cargo mientras se esclarecen los hechos relacionados con el operativo en El Pinal y la presunta participación de agentes extranjeros.
En diversas ocasiones, el coordinador de Morena, Cuauhtémoc Estrada, ha señalado que los panistas le huyen al debate legislativo cuando se trata de discutir asuntos relacionados con la gobernadora. La salida de los diputados de la sesión vuelve a poner sobre la mesa ese señalamiento.
Durante la presentación del exhorto, Rentería utilizó una gorra con la frase “Maru y traición es lo mismo”, en una respuesta a las carteleras que el PAN colocó anteriormente con los mensajes “Morena y muerte es lo mismo” e “IMSS y nada es lo mismo”. Así, las consignas que ambos partidos han utilizado para cuestionarse mutuamente también llegaron al recinto legislativo.
Por su parte, el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, respondió a preguntas de los medios de comunicación sobre el exhorto y lo calificó como una “cortina de humo”. Sostuvo que Morena busca desviar la atención de otros asuntos nacionales, entre ellos las manifestaciones de transportistas, el desabasto de medicamentos y los señalamientos contra la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel.
Mientras Morena insiste en llevar el caso de El Pinal al debate legislativo, el PAN cuestiona los motivos de la solicitud y acusa a sus adversarios de utilizarla para desviar la atención de otros temas. El enfrentamiento entre ambas bancadas vuelve a mostrar cómo las diferencias políticas se trasladan tanto a las discusiones del Congreso como a los mensajes que cada partido dirige contra el otro.