Pide Morena detallar obras financiadas con deuda por 3 mil millones
La diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, solicitó a la Secretaría de Hacienda estatal transparentar el destino de los 3 mil millones de pesos de financiamiento autorizados para inversión pública productiva durante 2026, al señalar que hasta ahora no se han precisado las obras que recibirán los recursos.
Ante el Congreso del Estado, la legisladora presentó nueve preguntas dirigidas a la dependencia estatal para conocer los proyectos financiados, las condiciones de los créditos y el costo que representará el endeudamiento para las finanzas de Chihuahua.
Ortega Máynez cuestionó que la autorización del financiamiento contemplara conceptos generales de infraestructura, como construcción de vías de comunicación y edificación no habitacional, pero sin identificar las obras específicas ni presentar sus respectivos proyectos ejecutivos.
“En pocas palabras, se extendió un cheque por 3 mil millones de pesos sin justificar y menos precisar en qué se estaría gastando dicho empréstito”, expresó.
La diputada también señaló el incremento de la deuda estatal, que, de acuerdo con las cifras que presentó, superaba los 60 mil 200 millones de pesos al tercer trimestre de 2026, equivalente a aproximadamente la mitad del presupuesto aprobado para este año.
Recordó que en 2022 el Congreso aprobó una reestructuración de la deuda bajo el argumento de brindar estabilidad financiera. Sin embargo, señaló que tres años después el Gobierno estatal volvió a contratar financiamientos y planteó refinanciar un bono cupón cero por 637 millones de pesos, con un plazo de 25 años.
“Lo que vendieron como solución mágica en 2022 se convirtió en un parche temporal”, cuestionó.
Entre la información solicitada a Hacienda se encuentran las instituciones financieras participantes, las tasas de interés, los plazos y el costo total de los créditos, además de una relación de las obras, su ubicación, los montos asignados y la población beneficiaria.
También pidió conocer los procedimientos de contratación, las empresas encargadas de ejecutar los proyectos, los posibles sobrecostos o retrasos y los mecanismos de vigilancia para garantizar que los recursos se utilicen exclusivamente en las inversiones autorizadas por el Congreso.