Congreso del Estado, especialista en exhortos
Diputados con la mira en las precampañas y una Legislatura con asuntos pendientes
Taboada promete impulsar una defensa nacional en favor de Jáuregui
En el Congreso del Estado parece que los diputados encontraron una forma bastante cómoda de hacer política: presentar exhortos para pedirles a otras autoridades que resuelvan los problemas. Una sesión tras otra aparecen llamados a la Federación, al Gobierno estatal o a distintas dependencias para que atiendan determinadas situaciones, modifiquen decisiones o cumplan compromisos. El problema es que muchos de esos puntos de acuerdo terminan convertidos en llamadas a misa: se aprueban, se envían, se anuncian y la autoridad destinataria decide si les hace caso. Mientras tanto, la actividad legislativa sigue acumulando asuntos que requieren algo más que un pronunciamiento.
No se trata de que todos los exhortos sean innecesarios. Algunos ponen sobre la mesa problemas que requieren atención y sirven para fijar una postura desde el Poder Legislativo. Pero una cosa es utilizar esa herramienta de manera excepcional y otra convertirla en una de las principales actividades de los diputados. Ahí están los llamados relacionados con Mápula, la supervisión del transporte público en Ciudad Juárez, los problemas del IMSS, los compromisos de recepción de leche con productores chihuahuenses y hasta el exhorto al IEE por la propaganda relacionada con un evento de Marco Bonilla en Juárez. Temas muy distintos, algunos de evidente interés público, pero que también dejan la pregunta sobre qué ocurre después de que se envían esas solicitudes.
Porque aprobar un exhorto no significa resolver el problema. La autoridad destinataria puede atenderlo, responderlo o simplemente dejarlo pasar. Y aunque los diputados tienen derecho a utilizar la tribuna para señalar deficiencias y exigir respuestas, su responsabilidad no termina ahí. El Congreso tiene facultades para crear leyes, reformar las que ya existen, establecer obligaciones y actualizar el marco jurídico frente a las nuevas necesidades de la sociedad. No es lo mismo pedirle al Gobierno que atienda una situación que construir, desde el Poder Legislativo, las disposiciones que permitan resolverla.
La pregunta entonces es cuánto tiempo y esfuerzo se está destinando a presentar exhortos frente al trabajo que realmente puede dejar resultados permanentes. ¿Cuántas iniciativas importantes han avanzado?, ¿cuántas se han convertido en reformas?, ¿cuántas siguen detenidas en las comisiones? Porque si la actividad parlamentaria se mide por la cantidad de llamados que hacen los diputados a otras autoridades, cualquiera podría presumir una intensa jornada legislativa. El verdadero balance tendría que estar en las leyes que discuten, modifican y aprueban, no en una lista interminable de solicitudes que, en muchos casos, pueden terminar sin respuesta.
La LXVIII Legislatura se acerca a su último año de trabajo y todavía tiene una larga lista de asuntos que resolver. Cuando Joss Vega asumió la Presidencia de la Mesa Directiva reconoció que había más de 50 dictámenes pendientes, entre ellos temas de peso como la Fiscalía Autónoma y el proyecto Poniente 5. En aquella ocasión se comprometió a impulsar los expedientes heredados de las presidencias anteriores y a trabajar para que las iniciativas que permanecían detenidas pudieran avanzar. Sin embargo, en octubre volvió a hablar de la necesidad de sacar adelante esa agenda sin presentar un balance numérico de cuántos asuntos habían sido resueltos.
Y el rezago no se limita a los expedientes más conocidos ni a una sola agenda política o social. Hay propuestas relacionadas con matrimonio igualitario, terapias de conversión, atención al VIH y delitos de odio, pero también existen necesidades de actualización legislativa en movilidad, transporte, seguridad vial, salud, educación, seguridad pública y derechos de personas con discapacidad. El Congreso debe revisar qué leyes necesitan modificarse, cuáles requieren armonizarse con las disposiciones federales y qué problemas nuevos necesitan una respuesta desde la legislación estatal.
También habría que revisar qué están haciendo las comisiones con todos esos expedientes. Es ahí donde se supone que se desarrolla buena parte del trabajo legislativo: se estudian las iniciativas, se convocan reuniones, se escuchan propuestas, se discuten modificaciones y se elaboran los dictámenes que después llegan al Pleno.
Las diferencias entre bancadas son parte de la vida parlamentaria, pero las confrontaciones que terminan en acusaciones, descalificaciones y disputas públicas no pueden sustituir los acuerdos que se necesitan para sacar adelante las leyes.
A todo esto se suma que el calendario electoral comienza a acercarse y algunos integrantes del Congreso ya tienen la mirada puesta en las precampañas. Habrá quienes busquen la reelección o algún otro cargo, lo que podría llevarlos a solicitar licencia y separarse de sus responsabilidades. No sería extraño que, conforme avance el proceso político, las aspiraciones personales comiencen a ocupar más tiempo que la agenda legislativa. La pregunta es quiénes estarán dispuestos a cerrar el periodo atendiendo los pendientes y quiénes comenzarán a preparar su salida antes de concluir el trabajo para el que fueron electos.
Elizabeth Guzmán, Guillermo Ramírez y ahora Joss Vega han encabezado las tres etapas de la Mesa Directiva. Al final, los tres periodos tendrán que evaluarse por sus resultados y no solamente por los discursos de unidad, las sesiones realizadas o las diferencias entre partidos. La LXVIII Legislatura tendrá que explicar qué leyes aprobó, cuáles actualizó, qué asuntos importantes dejó resueltos y cuáles heredará a quienes lleguen después. Porque si al final quedan más exhortos que reformas, más pleitos que acuerdos y diputados concentrados en sus siguientes aspiraciones políticas, habrá razones para preguntarse qué tanto aprovechó Chihuahua estos tres años de trabajo legislativo.
El grupo que mantiene la movilización en respaldo a César Jáuregui sigue haciendo su luchita para acercar el caso a la dirigencia nacional del PAN y conseguir que el partido asuma una defensa más firme de uno de sus militantes. Esta vez, acudieron al CEN para entregar una carta que Jáuregui escribió de su puño y letra desde el penal del Altiplano. En el documento pide a la dirigencia, senadores y diputados federales que se pronuncien públicamente sobre su situación y participen en la defensa de sus derechos.
La gestión consiguió que Santiago Taboada, secretario de Acción Política del CEN, los recibiera, escuchara sus planteamientos y se comprometiera a impulsar una estrategia nacional de acompañamiento, con acciones políticas e institucionales que vayan más allá de las declaraciones de solidaridad. Ese es el compromiso que ahora buscarán hacer efectivo los cercanos al exfiscal, quienes quieren que el PAN, partido al que Jáuregui sigue perteneciendo, no se limite a expresar respaldo, sino que intervenga de manera más activa en su defensa.
Los promotores de la causa han sostenido que la acusación contra Jáuregui carece de sustento y lo han presentado como un preso político de la 4T. Esa es la narrativa que han llevado a las caravanas, concentraciones y campañas de firmas por su libertad. Ahora buscan que el panismo nacional también haga suyo ese reclamo y que sus legisladores no se limiten a observar el desarrollo del proceso. Jáuregui permanece vinculado a proceso por la acusación federal de traición a la patria, sin que ello represente una sentencia condenatoria.
El movimiento también tiene una dimensión interna para el PAN de Chihuahua. Antes de su detención, Jáuregui figuraba entre los aspirantes a la candidatura por la alcaldía de la capital, por lo que el proceso de definición interna quedó en pausa tras los acontecimientos.
Mientras los jaureguistas buscan mantener el caso en los reflectores y conseguir respaldo nacional, queda por ver hasta dónde llegará el compromiso de Taboada y si se traducirá en una defensa pública e institucional sostenida.
Quienes acudieron al CEN para entregar la carta fueron Roberto Lara, Juan Blanco y René Sotelo, quienes continúan impulsando las acciones para que el partido no deje solo a uno de los suyos.
