“No es un cheque en blanco para vender los bienes del Estado”: Domínguez
El diputado federal y presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez Domínguez, respaldó la reforma a la Ley de Bienes del Estado que impulsa el Gobierno de Chihuahua y rechazó que la propuesta represente una autorización para vender o regalar el patrimonio estatal sin controles.
Domínguez explicó que la modificación busca agilizar los procedimientos para disponer de terrenos estatales cuando estén destinados a proyectos de inversión y desarrollo económico, al considerar que los tiempos de autorización del Congreso pueden retrasar la llegada de empresas e incluso provocar que algunas inversiones se pierdan.
Como antecedente, recordó que durante su paso por el Gobierno estatal participó en la operación de proyectos de inversión y conoció los procedimientos para otorgar incentivos fiscales y no fiscales a empresas interesadas en establecerse en Chihuahua.
Señaló que una reforma anterior incorporó la intervención del Congreso en los procesos de enajenación de bienes, lo que, según su experiencia, provocó que algunos proyectos que podían concretarse en semanas terminaran esperando entre uno y dos años por los dictámenes legislativos.
El priista mencionó que la propuesta actual busca devolver agilidad a esos procedimientos mediante la intervención del Comité del Patrimonio Inmobiliario, sin eliminar los mecanismos de revisión y evaluación de los beneficios que recibiría el estado.
“No es un cheque en blanco para vender, para regalar”, sostuvo al defender que el objetivo de la reforma es atraer inversiones, generar empleos y mantener la competitividad de Chihuahua frente a otras entidades.
También consideró necesario que exista un catálogo de los beneficios que recibiría el estado por estas operaciones, tanto en materia fiscal como en infraestructura y servicios, para que las decisiones tengan una justificación económica.
Finalmente, Domínguez respaldó la modificación al considerar que puede mejorar la capacidad del estado para competir por nuevas inversiones, aunque señaló que deberá existir claridad sobre quién será responsable de autorizar las operaciones y responder por las decisiones que se tomen.