FGR investiga al entorno del coordinador del PT en medio de negociaciones con Morena
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga denuncias contra colaboradores cercanos a Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), por presuntamente condicionar la permanencia de beneficiarias en programas sociales a cambio de su afiliación a ese partido en el Estado de México.
De acuerdo con información publicada por La Política Online, las indagatorias se relacionan con una reunión realizada el 30 de septiembre de 2024 en oficinas de atención ciudadana del PT, donde decenas de mujeres beneficiarias habrían recibido advertencias de que perderían los apoyos si no aceptaban incorporarse a las filas del partido.
La reunión habría sido convocada por Grisel Barrientos González, quien entonces se desempeñaba como responsable regional de los programas del Bienestar en la entidad. Las mujeres que denunciaron los hechos acudieron a la subsede de la FGR en Naucalpan para presentar sus quejas.
La investigación apunta a personas cercanas a Sandoval y a presuntas prácticas de presión para incrementar las afiliaciones al PT mediante el condicionamiento de apoyos gubernamentales. Hasta ahora, la información publicada no señala que el coordinador parlamentario haya sido acusado formalmente de algún delito.
El caso se conoce en medio de las diferencias entre Morena y el PT por las negociaciones electorales rumbo a 2027. Ambos partidos todavía deben definir en qué entidades mantendrán una alianza y dónde podrían competir por separado, mientras persisten desacuerdos sobre las candidaturas y los acuerdos políticos.
Entre los escenarios donde continúan las diferencias se encuentran Michoacán, Nuevo León y Baja California Sur, donde no se han terminado de definir las condiciones para una eventual competencia conjunta.
Así, mientras el PT mantiene negociaciones con Morena para definir su estrategia electoral, la investigación de la FGR coloca bajo escrutinio a colaboradores de uno de sus principales operadores legislativos, por denuncias relacionadas con el presunto uso de programas sociales para obtener afiliaciones partidistas.