Magistradas integran la Delegación Mexicana ante la Conferencia de La Haya para construir mecanismos internacionales de protección

-La Magistrada Presidenta Marcela Herrera Sandoval y la Magistrada Familiar Sara Julieta Muñoz Andrade participarán en Londres en la Primera Reunión del Grupo de Trabajo REPO, sobre el reconocimiento y la ejecución transfronteriza de órdenes de protección

La Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, y la Magistrada Familiar Sara Julieta Muñoz Andrade, integrante de la Red Internacional de Jueces de La Haya, fueron designadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores como parte de la Delegación Mexicana que participará en la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Órdenes de Protección (REPO), convocada por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. El encuentro se celebrará del 16 al 20 de noviembre de 2026 en Londres, Inglaterra, con representantes de 28 países.

El Grupo REPO analiza los mecanismos jurídicos que permitan que una medida de protección dictada en un país conserve su eficacia cuando la persona protegida se traslada a otro. Se trata de una herramienta especialmente relevante para mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrentan situaciones de violencia en contextos internacionales.

La Delegación Mexicana está integrada por la Dirección General de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su carácter de Autoridad Central de México para el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores; el Poder Judicial del Estado de México y el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Una postura coordinada desde México

Como parte de los trabajos preparatorios, las instituciones que integran la delegación sostuvieron una reunión virtual para establecer criterios de coordinación, definir líneas de participación y adoptar una postura articulada ante los trabajos internacionales. En ella se subrayó la importancia de que México acuda con una representación que integre las perspectivas jurisdiccional, diplomática, de cooperación internacional y de derechos humanos.

Entre los acuerdos alcanzados destacan mantener comunicación directa entre las instituciones participantes; unificar criterios para reflejar la posición y experiencia del Estado mexicano; compartir previamente documentos de trabajo y materiales técnicos; incorporar la experiencia práctica de los poderes judiciales en la aplicación de órdenes de protección; privilegiar el interés superior de la niñez y el acceso efectivo a la justicia, y dar seguimiento conjunto a los avances durante las sesiones en Londres.

La experiencia de Chihuahua en el escenario internacional

La participación de ambas magistradas incorpora la experiencia del Poder Judicial de Chihuahua, estado fronterizo, a un espacio de construcción de mecanismos internacionales de cooperación jurídica. En particular, la trayectoria de la Magistrada Muñoz Andrade en materia familiar y su pertenencia a la Red Internacional de Jueces de La Haya permiten aportar la visión de quienes, desde la función jurisdiccional, conocen los retos de proteger derechos cuando intervienen autoridades de distintos países.

“Una orden de protección no puede detenerse en una frontera. Chihuahua aporta a esta discusión la experiencia de juzgar todos los días en un contexto binacional, con la convicción de que la protección de las personas debe ser efectiva donde quiera que se encuentren”, afirmó la Magistrada Presidenta Marcela Herrera Sandoval.

Por su parte, la Magistrada Sara Julieta Muñoz Andrade señaló: “Desde la justicia familiar vemos que la cooperación entre autoridades es lo que hace posible proteger a niñas, niños y mujeres. Llevamos a La Haya la experiencia práctica de los tribunales mexicanos”.

Con esta participación, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua fortalece su vinculación internacional y su coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las autoridades centrales y otros poderes judiciales del país. Al concluir los trabajos, los principales resultados y conocimientos adquiridos se compartirán con las áreas jurisdiccionales y administrativas competentes.