A Olivia Aguirre la quisieron bajar con guerra sucia… y el TRIFE les dio un revés.
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de Olivia Aguirre es más que una simple victoria legal: es un mensaje político.
El TRIFE concluyó que Aguirre fue víctima de violencia política de género por parte del vocero del Tribunal Superior de Justicia, Luis Rubén Maldonado, quien además dirige el medio Plan de Vuelo.
El golpe no fue gratuito ni inocente: Aguirre es candidata a ministra de la Suprema Corte, y su perfil independiente incomoda a más de uno en el Poder Judicial local.
La agresión mediática, revestida de “periodismo de opinión”, en realidad fue un ataque institucional orquestado desde las sombras del Tribunal, con olor a consigna del gobierno estatal. Maldonado tendrá que disculparse públicamente, pagar una multa y asistir a cursos de sensibilización.
Pero lo más importante: se evidenció cómo algunos usan el aparato público y mediático para descarrilar trayectorias incómodas.
Si alguien quería bajarla del proceso, fallaron. Aguirre hoy está más fuerte que nunca.
El show de las inhabilitaciones light
La inhabilitación por seis meses a exfuncionarios de la UACH por no pagar cuotas obrero-patronales a Pensiones Civiles es, en buen mexicano, puro show.
¿Dónde está la reparación del daño? ¿Dónde los embargos de bienes?
La Auditoría Superior del Estado (ASE) hizo como que sancionó, pero en realidad todo huele a simulación.
Pérdidas millonarias para Pensiones y para la Universidad, pero las sanciones se quedan en papel. ¿Fiscalización o fuegos artificiales?
Y mientras a los exfuncionarios de la UACH les dan con el pétalo de una rosa, la ASE se lanza con todo… contra burócratas del Tule por dos mil pesos de gasolina.
La joya: la propia ASE, el Congreso y hasta el Tribunal de Justicia del Estado aparecen como deudores ante Pensiones.
En 2022, la ASE debía autodenunciarse.
En 2025, el Congreso arrastra una deuda de 15 millones y el Tribunal más de 70 millones. Pero claro, a esos nadie los toca.
Maru y los libros: el regreso del expediente educativo
La petición para que la gobernadora Maru Campos comparezca ante el Congreso por el tema de los libros de texto volvió a escena, pero no por iniciativa propia del PAN, sino por presión desde otras fuerzas.
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) ya recibió la solicitud formal, y aunque no hay fecha, el simple hecho de que se haya turnado ya puso nervioso a más de uno en Palacio.
Maru quedó atrapada en su propia narrativa: primero se sumó a la cruzada contra los libros federales, después reculó a medias y ahora el tema le regresa como bumerán.
La intención detrás del citatorio no es sólo educativa, sino política: es un recordatorio de que no todo se olvida, y de que hay facturas pendientes con el magisterio, con los padres de familia, y con el Congreso.
El problema no son los libros… sino lo que representan.
Comisión de justicia selectiva… cortesía de Francisco Sánchez
El diputado Francisco Sánchez tiene la Comisión de Justicia como vitrina para sus alianzas políticas.
Más de 60 iniciativas están empolvadas sin dictaminar, mientras las de él —y las del PAN— se mueven como prioridad.
La diputada de Morena, Leticia Ortega, lo dijo sin rodeos: hay una línea clara para bloquear lo que no le conviene al diputado naranja.Sánchez se vende como un cruzado de la transparencia, pero en la práctica mantiene paralizada una de las comisiones más importantes del Congreso.
La justicia legislativa se volvió un asunto de conveniencias: si eres de los suyos, avanzas; si no, te congelan.
Así no se construyen instituciones, se administra el poder como botín.