Aborto en el ISSSTE: Entre el derecho a decidir y la denuncia de imposición ideológica
La decisión del ISSSTE de ofrecer servicios de aborto ha desatado un intenso debate en Chihuahua, donde las posturas a favor y en contra reflejan una profunda división en la política. Mientras el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, respalda la medida como un paso hacia la garantía de derechos y la seguridad médica de las mujeres, el diputado Carlos Olson la califica como una imposición ideológica que desvía recursos de problemas urgentes en el sistema de salud.
Derechos y seguridad médica: El argumento de Estrada
Para Cuauhtémoc Estrada, el acceso al aborto en instituciones médicas especializadas es una necesidad para evitar que las mujeres recurran a procedimientos inseguros en condiciones insalubres. Argumenta que, independientemente de la legislación estatal, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que la penalización del aborto es inconstitucional, por lo que los estados no pueden limitar este derecho.
El legislador enfatiza que el ISSSTE, al ofrecer este procedimiento, no está violando la ley, sino garantizando que las mujeres reciban atención médica adecuada cuando deciden interrumpir un embarazo. Además, subraya que esta medida no impone el aborto, sino que simplemente ofrece una alternativa segura para quienes toman esta decisión.
¿Una imposición que desvía recursos? La postura de Olson
Por otro lado, el diputado Carlos Olson rechaza tajantemente la medida, argumentando que atenta contra el derecho a la vida y vulnera la objeción de conciencia del personal médico. En su opinión, el gobierno federal ha convertido al ISSSTE en un promotor del aborto en lugar de enfocarse en problemas urgentes como la falta de atención para niños con cáncer o la crisis en la infraestructura hospitalaria.
Olson sostiene que desviar recursos hacia la interrupción del embarazo en un contexto de deficiencias médicas es irresponsable y una muestra de la falta de compromiso del gobierno con la salud de los mexicanos. Además, denuncia que esta medida no responde a una verdadera necesidad social, sino a una agenda ideológica que divide a la población en lugar de generar soluciones reales.
¿Salud pública o agenda política?
El debate sobre el aborto en Chihuahua no solo enfrenta visiones opuestas, sino que también refleja una lucha más profunda sobre el papel del Estado en la regulación de los derechos reproductivos y el uso de recursos públicos. Mientras algunos ven en esta medida un avance en los derechos de las mujeres y en la salud pública, otros la perciben como una imposición que ignora las necesidades urgentes del país.
Lo cierto es que, en un estado donde el aborto sigue siendo penalizado, la implementación de esta política podría generar conflictos legales y sociales. La pregunta que queda en el aire es si esta medida representa un verdadero avance en la protección de los derechos de las mujeres o si se trata de una decisión que ignora las prioridades más urgentes del sistema de salud en México.