Acusan a alcalde electo de Morena de comprar huachicol a “La Barredora”
Manuel Alonso Cerezo, alcalde electo de Córdoba por Morena, se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse que cuando era socio de la empresa Trabal S. de R.L. de C.V., ésta adquiría miles de litros de combustible ilícito al grupo delincuencial “La Barredora”, vínculos que quedaron expuestos por una investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según documentos filtrados a partir del “Guacamaya Leaks”, la empresa trabajaba como comprador habitual dentro de una red organizada: en 2021 habría adquirido hasta 40 mil litros de huachicol por semana a un precio de 3.30 pesos por litro, precio muy por debajo del mercado.
Las comunicaciones interceptadas señalan que un operador identificado como “Michel”, ligado a “La Barredora”, coordinaba estas compras durante el tiempo en que Alonso Cerezo era socio de la firma.
Las sospechas estallan justo cuando su candidatura ya estaba en marcha.
En abril, Alonso Cerezo transfirió sus acciones en Trabal a otra persona antes del arranque oficial de su campaña política.
Durante las elecciones del 1 de junio resultó ganador y tomará protesta el 1 de enero de 2026.
El esquema denunciado va más allá del robo convencional: se trata de huachicol fiscal, modalidad mediante la cual empresas fachada simulan importar productos exentos o de menor gravamen (aceites, solventes) para luego traficar gasolina o diésel sin pagar impuestos como IEPS o IVA.
Veracruz, con su acceso marítimo estratégico, es considerado un foco clave de esta práctica ilícita.
Las autoridades del gobierno federal, mediante la Sedena, identificaron a varios miembros de la estructura.
En la jerarquía aparece Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad de Tabasco y detenido en el penal del Altiplano— así como Carlos Tomás Díaz Rodríguez, asesor de seguridad pública, y Adderly Michel Frías Morales, operador directo de la venta de combustible ilegal.
Hasta el momento, Alonso Cerezo y la empresa Trabal no han ofrecido respuesta pública a los señalamientos. Los documentos y la investigación ahora obligan a deslindar responsabilidades y evaluar si existió complicidad política.