Acusan acaparamiento de agua por parte de los LeBarón en Chihuahua; señalan redes de influencia política
La familia LeBarón vuelve a estar en el centro de la polémica por el volumen de agua que controla en una región históricamente afectada por la sequía.
Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) establecen que la comunidad posee 150 permisos hídricos, entre ellos 64 títulos de aguas nacionales y 86 constancias de libre alumbramiento, que en conjunto suman 47.5 millones de metros cúbicos de extracción subterránea al año, el equivalente aproximado de 19 mil albercas olímpicas.
La magnitud del volumen concesionado ha generado críticas entre productores agrícolas y ejidatarios de la región, quienes señalan que el uso intensivo del recurso por parte de la comunidad mormona ha provocado descenso en los niveles de los acuíferos, afectaciones en cultivos locales y una competencia desigual por el agua.
Este conflicto tiene más de seis décadas, con episodios documentados de enfrentamientos, denuncias por pozos ilegales y protestas por la sobreexplotación de mantos freáticos.
En años recientes se registraron choques entre agricultores y miembros de la comunidad LeBarón por la perforación de nuevos pozos en zonas como La Mojina y el ejido Constitución. Campesinos denunciaron la instalación de infraestructura para extracción en predios donde, aseguran, los niveles de agua ya eran críticos para la actividad local.
La Conagua también ha realizado inspecciones en pozos agrícolas de mormones y menonitas, especialmente en áreas donde existen plantaciones de nogal que requieren grandes volúmenes de agua para su mantenimiento y producción.
Otro punto que ha intensificado las críticas es la coincidencia entre el crecimiento de las concesiones y cargos públicos ocupados por integrantes de la familia.
Durante el periodo en que Alex LeBarón tuvo un puesto en la delegación local de Conagua (2013–2015), se emitió un número significativo de constancias de libre alumbramiento a favor de la comunidad.
De forma paralela, su esposa Brenda Ríos se desempeñaba como delegada estatal de la Semarnat en Chihuahua en ese mismo periodo, lo que ha alimentado discusiones sobre posibles conflictos de interés en materia ambiental e hídrica.
En el contexto actual, diversas voces en el ámbito político mencionan supuestas redes de influencia que involucrarían a distintos actores, incluidas figuras federales.
Entre los nombres que han surgido está el de Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, en torno a quien se han planteado señalamientos sobre operadores que “cobran gestiones” o promueven proyectos sin sustento, aunque hasta el momento no existe documentación pública que confirme estas acusaciones.
También se ha mencionado a un operador identificado como “Alex”, quien presuntamente se mantiene fuera de la escena local y radica en Ciudad de México.
En contraste, los LeBarón mantienen una presencia pública constante y se han defendido en múltiples ocasiones de las acusaciones sobre su actividad agrícola y uso del agua, argumentando que cuentan con permisos legales y que su producción contribuye a la economía regional.
El caso de los LeBarón ilustra uno de los debates más sensibles en Chihuahua: el manejo y distribución del agua en un territorio donde los acuíferos muestran signos de agotamiento.
La combinación de grandes volúmenes concesionados, poder económico agrícola, posiciones públicas previamente ocupadas por miembros de la familia y señalamientos políticos en curso ha convertido este conflicto en un tema que rebasa la vida local y ha encendido focos rojos a nivel estatal.
La discusión no se limita a la legalidad de los títulos de agua, sino al impacto social y ambiental que implica la concentración del recurso en una sola comunidad, así como a las relaciones de poder que rodean la gestión del agua en una región marcada por la escasez.