Agua contaminada en San Andrés: Una crisis de ineficiencia y negligencia gubernamental
La denuncia de la diputada Alma Portillo contra la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral por el suministro de agua contaminada en la comunidad de San Andrés no es solo un problema sanitario: es la evidencia de la ineptitud y el desinterés de las autoridades locales y estatales en la gestión de un recurso vital.El agua potable no es un lujo ni una concesión política; es un derecho humano básico. Sin embargo, en Chihuahua, la crisis hídrica ha sido tratada con indiferencia y opacidad. La JMAS de Parral, encabezada por Arturo Gaytán Ornelas, ya había sido señalada por su deficiente administración, marcada por cortes arbitrarios, fugas constantes y una falta absoluta de planificación en los tandeos. Ahora, el problema escala a otro nivel: el agua que sí llega está contaminada.La situación en San Andrés es un ejemplo más del abandono que sufren las comunidades fuera de los grandes centros urbanos. La respuesta de la JMAS y del gobierno estatal ha sido, como siempre, la evasión de responsabilidades y la burocracia. Se juega con la salud de la población y se normaliza la ineficiencia con discursos vacíos.Portillo ha sido una de las pocas voces en el Congreso que ha exigido soluciones concretas. Su llamado a la comparecencia de Gaytán Ornelas en febrero de 2025 fue una advertencia clara de la crisis que se avecinaba, pero, como suele ocurrir, las autoridades prefirieron ignorarlo. Ahora, la denuncia por contaminación en San Andrés demuestra que la desidia de la JMAS y la falta de acción del gobierno de Chihuahua no solo afectan la calidad del servicio, sino que ponen en riesgo la salud pública.Lo que está ocurriendo en San Andrés debería encender alarmas en toda la entidad. No basta con señalar el problema; es hora de exigir responsabilidad política. Los ciudadanos tienen derecho a saber por qué las autoridades no han actuado, qué medidas se tomarán para garantizar un suministro de agua limpio y seguro, y qué sanciones habrá para los responsables de esta negligencia.El agua contaminada no es un error técnico ni una simple falla operativa. Es el resultado de una administración incapaz de garantizar lo más básico a su población. Y si los funcionarios responsables no pueden o no quieren resolverlo, es momento de cuestionar seriamente su permanencia en el cargo.