Andrea Chávez y la caja del Senado
La llegada de Ignacio Mier a la coordinación de Morena en el Senado no solo abrió una etapa de cortesía interna, también destapó uno de los temas más delicados dentro de la bancada: el control del dinero.
Aunque Mier pidió a varios senadores que expresaran respaldo a Adán Augusto López, ese gesto de concordia viene acompañado de movimientos que apuntan directamente a la Oficialía Mayor y a la administración de los fondos del Senado, un asunto que desde hace meses venía generando incomodidad entre legisladores morenistas.
El malestar no era menor. Las decisiones presupuestales se concentraban en la coordinación anterior y eran comunicadas, no siempre en los mejores modos, por la senadora Andrea Chávez, quien terminó funcionando como canal operativo de Adán Augusto para el manejo interno de recursos.
Mier busca marcar distancia de ese esquema. No pretende administrar la herencia política del tabasqueño, sino imponer conducción propia. Por eso ya se habla de una revisión de comisiones estratégicas y de ajustes administrativos que posteriormente serán elevados a Palacio Nacional.
La instrucción hacia su equipo ha sido clara: no confrontar al bloque cercano al excoordinador —donde se ubican Andrea Chávez, Óscar Cantón, Carlos Lomelí y Cuauhtémoc Ochoa—, pero también dejar claro que la nueva etapa no girará alrededor de viejas lealtades.
Convertirse en actor central del oficialismo es la única forma que tiene Mier de evitar que, ante cualquier crisis, vuelva a asomar la sombra del exgobernador de Tabasco.
El Cabrito se suma a las pintas para promocionar su aspiración por la alcaldía
En Chihuahua capital comenzaron a aparecer pintas con un cabrito de lentes, dos círculos y letras azules que anuncian “EL CABRITO”.
Las primeras se detectaron en la colonias al sur de la ciudad.A la par, se dice que volantes fueron distribuidos en el Centro Histórico, colocados en parabrisas, puertas de locales y fachadas de casas viejas.
El panista Alan Falomir ya había dicho desde 2025 que estaba dispuesto a buscar la candidatura del PAN a la presidencia municipal, pensando en la sucesión de Marco Bonilla.
Las bardas y el papel volante ahora lo regresan al radar.No es el único. También aparecen Sahir Rentería y Miguel Corte.
Todos con la misma aspiración: convertirse en alcaldes de Chihuahua.
La competencia interna empieza a dibujarse desde el aerosol.Seguridad: cuando sí entra la políticaGilberto Loya volvió a reprochar que el tema de seguridad se utilice con fines políticos, luego de que el alcalde difundiera un video cuestionando la utilidad de ciertos proyectos y asegurando que una estructura no resolverá el problema de la inseguridad.
El titular de la SSPE calificó esos mensajes como irresponsables y recordó que existe un acuerdo entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum para no politizar la seguridad pública.Para el Gobierno del Estado, dijo Loya, la seguridad es la base de todas las políticas públicas y los esfuerzos siguen centrados en prevención y combate al delito, particularmente en Ciudad Juárez.Pero el historial pesa.
Ahí está el Subcentro Centinela de Guadalupe y Calvo. Primero fue anunciado como acción de gobierno.
Luego, cuando la alcaldesa presentó opciones para instalarlo, la obra simplemente se descartó bajo el argumento de que la decisión ya se había tomado por “cuestiones políticas”.
Un ejemplo más de cómo la seguridad entra en la lógica política cuando conviene.
La pregunta queda flotando: ¿cuántas veces la SSPE y el Gobierno del Estado han dejado solos a municipios de Chihuahua por cálculos políticos?
Daniela Álvarez y el giro al discurso de género
La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, terminó desplazando el debate del presunto nepotismo hacia la violencia política de género.
Después de que Cruz Pérez Cuéllar exhibiera cargos ocupados por familiares de panistas, Daniela aseguró que no existen denuncias formales y calificó los señalamientos como un intento de intimidación.
El eje cambió: ya no se trató de responder a los puestos revelados, sino de denunciar persecución desde el poder.
Ahora anuncia acciones legales, acompañamiento jurídico y acusa uso del aparato municipal para amedrentarla.
Mientras tanto, el fondo del asunto —los vínculos familiares dentro del servicio público— queda atrapado entre ruedas de prensa, posicionamientos y narrativa política.