Ataque con explosivos en Guadalupe y Calvo: la crisis de seguridad que el gobierno minimiza

El reciente ataque con drones explosivos y artefactos caseros contra elementos del Ejército y de la Fiscalía en Guadalupe y Calvo es una prueba más del deterioro de la seguridad en Chihuahua. Mientras la gobernadora Maru Campos celebraba su boda el fin de semana pasado, la violencia en el estado alcanzaba nuevas dimensiones con el uso de tecnología militar por parte del crimen organizado.

El hecho de que grupos delictivos tengan la capacidad de fabricar y utilizar explosivos de manera efectiva es un indicativo alarmante de su crecimiento y sofisticación. Sin embargo, la respuesta oficial ha sido la misma de siempre: un discurso de contención y refuerzos en la zona, sin cambios reales en la estrategia de seguridad.

Las declaraciones del fiscal César Jáuregui y del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, reconocen la gravedad del ataque, pero carecen de un plan concreto para evitar que vuelva a ocurrir. Se habla de refuerzos y de “elementos técnicos” para impedir más ataques con drones, pero no se explica cómo se frenará la expansión de estos grupos en el territorio.

El gobierno estatal parece estar reaccionando a los hechos en lugar de prevenirlos. La violencia en Chihuahua no es nueva, pero la escalada en el uso de explosivos y drones muestra que el crimen organizado va un paso adelante. La pregunta es si la administración de Maru Campos realmente tiene una estrategia efectiva o si seguirá con medidas improvisadas mientras los grupos criminales continúan ganando terreno.