Auditoría de la ASE determina graves irregularidades en el Proyecto Centinela
Un informe de auditoría forense realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua al Proyecto Centinela, correspondiente a la Cuenta Pública 2023, ha sido clasificado como reservado por la propia ASE, bajo el argumento de “cuestiones de seguridad”. El documento, con folio AC-EF-02-2024 y fechado el 12 de diciembre de 2024, investigó el sistema de vigilancia masiva, y su naturaleza forense determina la posible existencia de graves irregularidades, aunque su contenido permanece inaccesible para la ciudadanía.
El Proyecto Centinela, valuado en más de 4,700 millones de pesos, fue adjudicado directamente a SeguriTech, una empresa señalada por presuntas prácticas de corrupción, como “moches” y sobreprecios en otros estados.
Este sistema de seguridad, que incluye miles de cámaras de videovigilancia y tecnología avanzada, ha sido criticado por organizaciones como R3D y la Electronic Frontier Foundation, que advierten sobre riesgos de vigilancia masiva y falta de transparencia. Información clave, como los anexos técnicos del contrato y las especificaciones de las cámaras, también ha sido reservada por al menos dos años.
La auditoría de la ASE, fundamentada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, buscaba esclarecer el manejo de recursos en Centinela. Sin embargo, la decisión de la propia ASE de reservar el informe ha intensificado las críticas sobre la opacidad institucional.
Es claro que la seguridad no puede ser pretexto para ocultar información de interés público.
La ciudadanía sigue sin respuestas claras sobre la efectividad de Centinela y el uso de los millonarios recursos destinados al proyecto. Este caso pone en el centro del debate la tensión entre seguridad pública y el derecho a la transparencia en una de las regiones fronterizas más vigiladas del país.
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