Auditoría de la ASE determina disposición indebida de casi 4 MDP en Hacienda Estatal
El informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre la cuenta pública 2023 ha revelado un hecho que pone en entredicho la gestión financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado: la disposición indebida de $3,948,673.72 de recursos públicos, una cifra alarmante que evidencia serias irregularidades en la administración del dinero estatal. Este caso no solo es inédito, sino también escandaloso, ya que por primera vez en la historia de la fiscalización de la cuenta pública estatal se señala a esta dependencia por un manejo tan opaco e irresponsable de los fondos públicos.
La irregularidad, se aprecia en el informe de auditoría al gobierno estatal en la página 79, observación 6, donde se señala que la asignación de apoyos de transporte a los empleados de la Secretaría, una acción realizada sin fundamento legal ni documentación que la respalde. En términos claros, el dinero fue entregado sin justificación alguna, violando flagrantemente las normas que rigen la asignación de recursos públicos. Este tipo de actos no solo es un atropello a la legalidad, sino una muestra de la falta de controles internos y de transparencia dentro de una de las áreas más sensibles del gobierno estatal.
El monto involucrado en este escándalo, casi 4 millones de pesos, es 10 veces mayor al de otros desvíos de recursos previamente señalados en otras instituciones, como el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), donde se determinó el pago ilegal de indemnizaciones a funcionarios. Sin embargo, la diferencia entre ambos casos radica en la magnitud de los recursos mal manejados. La pregunta inevitable es: ¿cómo es posible que, a pesar de las lecciones previas, sigan ocurriendo tales irregularidades en un gobierno que debería ser un ejemplo de transparencia y ética en el manejo del dinero público?
Este hecho no solo representa una grave violación a las normas fiscales, sino que también deja en evidencia una alarmante falta de responsabilidad en los funcionarios encargados de la gestión de estos recursos. El Secretario de Hacienda, Granillo, deberá afrontar las consecuencias de este escándalo, que podrían incluir desde sanciones administrativas hasta la devolución de los casi 4 millones de pesos de manera personal. Este dinero no es de su bolsillo, sino de todos los ciudadanos que esperan ver cómo sus impuestos se utilizan de manera eficiente y transparente.
Más allá del impacto económico, lo más grave de esta situación es el daño a la confianza pública. Los ciudadanos ya están hartos de ver cómo los recursos destinados a mejorar la vida de todos se malgastan o se desvían sin justificación. Es crucial que las autoridades tomen medidas inmediatas y contundentes para erradicar este tipo de prácticas que socavan la credibilidad de los gobiernos en todos los niveles. La falta de rendición de cuentas y la opacidad en el uso de los recursos públicos no deben ser toleradas bajo ningún pretexto.
Este escándalo pone en evidencia un sistema de control fiscal débil y una falta de voluntad para garantizar que los recursos públicos se gestionen con honestidad. La responsabilidad recae ahora en las autoridades competentes para que no solo se sancione a los culpables, sino que se tomen medidas preventivas que aseguren que nunca más se repita un caso como este. Mientras tanto, el Secretario de Hacienda y su equipo deberán prepararse para enfrentar un proceso de fiscalización que seguramente dejará secuelas en la reputación de su gestión.