Boletas marcadas, trueques judiciales y el regreso de los fantasmas del PRI
La designación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que hace unas semanas era “urgente”, hoy parece haberse esfumado del radar legislativo.
De un día para otro se apagó la prisa. ¿Qué pasó?
Que Alfredo Chávez, coordinador panista en el Congreso, no junta los votos. Y no los junta porque está atrapado entre dos fuegos.Por un lado, el diputado Francisco Sánchez (MC) presiona para que su esposa, Nancy Escárcega —la ya célebre “incorruptible al cubo”— sea designada magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial.
El diputado ya logró colocarla como secretaria de Sala gracias a sus “gestiones” y ahora quiere repetir la jugada: dar el voto para la CEDH a cambio del voto para su señora.
¿Eso no es corrupción institucionalizada? Es pregunta.Del otro lado, la familia Aguilar del PT no se queda atrás. Están empeñados en colocar a Rubén Aguilar (alias Rubencito) como magistrado penal. Nada nuevo.
En ese caso, más que un nombramiento, parece herencia.En Chihuahua comenzó además la impresión de boletas para la elección interna del Poder Judicial.
Un proceso que debería representar un ejercicio democrático, pero que en los hechos se perfila como una simulación elegante para legitimar lo que ya está pactado. Aquí, la meritocracia es discurso; el reparto de cuotas, la realidad.
Y mientras eso ocurre en el norte, desde la Ciudad de México el director general del ISSSTE, Martí Batres, lanzó una bomba de tiempo: presentó una denuncia penal contra tres exfuncionarios de alto perfil por un presunto desfalco de más de 500 millones de pesos. ¿Los acusados? Nada menos que José Narro Robles (exsecretario de Salud), Mikel Arriola (expresidente del IMSS y hoy de la Liga MX) y José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua.Según Batres, los tres crearon una fachada llamada “Fundación ISSSTE S.A.” para hacer negocios millonarios desde adentro del Instituto: cobraban estacionamientos en terrenos públicos, rentaban espacios para cafeterías y farmacias, y recaudaban donativos empresariales que nunca llegaron a su destino. Todo bajo el disfraz de altruismo y servicios sociales. Incluso lograron ampararse para no desalojar oficinas dentro del ISSSTE, alegando que “no eran propiedad del Instituto”. Así el cinismo.
Y para cerrar con broche de oro: Narro habría dejado 123 hospitales inconclusos durante su gestión. Obras fantasmas, presupuesto desaparecido. Así se explica por qué hoy el ISSSTE colapsa mientras los responsables se pasean impunes… o se reciclan en otros cargos.
En Chihuahua, mientras tanto, también hay lo suyo. Se presentó una denuncia por violencia política de género contra Luis Rubén Maldonado, vocero del Tribunal Superior de Justicia.
La queja fue interpuesta por la magistrada Olivia Aguirre. El tema ya está en manos de las autoridades y no es menor que, en medio de una disputa por posiciones clave, el vocero del TSJ esté bajo este tipo de señalamientos.