Candidata electa a magistrada presenta denuncia por violencia política de género contra medio digital y su director
La candidata electa a magistrada civil, Diana Margarita Félix Sierra, presentó esta mañana una denuncia formal por violencia política en razón de género ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) en contra del portal digital La Opción y su director Manuel Osbaldo Salvador Ang, a quien también identificó como representante legal del medio.
De acuerdo con Félix Sierra, los ataques de los que ha sido objeto tienen un claro trasfondo político y están vinculados al proceso de elección del nuevo cuerpo de magistraturas en el Poder Judicial del Estado, en el cual resultó electa. Señaló que los señalamientos buscan deslegitimar su nombramiento e incidir en la percepción pública a través de violencia de género y ataques personales.
En su declaración, denunció una serie de descalificaciones que ha recibido desde que inició el proceso de selección, incluyendo señalamientos emitidos por otros actores y medios como Zona Free, y comentarios de activistas como Luz Estela Castro y Dora Villalobos.
Sin embargo, los señalamientos más recientes —publicados esta semana por La Opción— motivaron la denuncia formal, luego de que en una nota se le llamara “amante” de manera peyorativa y se le calificara como “marrana”, lo cual consideró una agresión directa a su dignidad como mujer y servidora pública, además de un claro caso de violencia estructural.
“Se me está violentando por una relación personal que no tiene nada que ver con el proceso electoral. Hay una intromisión en mi vida privada y un escarnio público que atenta contra mi honor, mi integridad y mi derecho a la participación política libre de violencia”, expresó.
Félix Sierra también señaló un posible conflicto de interés, al asegurar que el director del medio tiene parentesco con una candidata no favorecida en el proceso, quien actualmente promueve un juicio de inconformidad.
Además de la denuncia ante el IEE, anunció que presentará acciones penales y civiles por daño moral, argumentando que los señalamientos superan el ámbito de la crítica y constituyen un caso grave de violencia de género.
“Mi derecho a la sexualidad, a mi intimidad, a la administración de mi patrimonio sexual, es mío. No tiene por qué ser objeto de escarnio público ni interferir con mi ejercicio profesional”, afirmó.
La abogada responsabilizó públicamente al medio y a su director de cualquier agresión futura hacia ella o su familia, advirtiendo que los ataques podrían escalar más allá del discurso.