Carpa mundialista con 76 millones de pesos en Plaza del Ángel
Los 5 aspirantes a defensor de Morena
Sin filtros en Morena crecen dudas sobre controles internos en la selección de coordinadores
IEE advierte impacto operativo por reforma electoral y anticipa más carga laboral sin recursos adicionales
El Gobierno del Estado de Chihuahua destinó 76 millones de pesos para la instalación de la carpa de la llamada fiesta mundialista en la Plaza del Ángel, una decisión que desde el arranque ha sido señalada como incongruente frente al contexto financiero que enfrenta la administración.
El argumento crítico es directo: mientras se apuesta por un evento de alto impacto mediático con fines de posicionamiento y cercanía social, a la par se reconoce un escenario de recorte federal de hasta 16 por ciento, superior a mil millones de pesos, según lo expuesto por el secretario de Hacienda estatal. En ese mismo contexto se plantea la preocupación por la continuidad de programas como MediChihuahua y los ajustes en distintas áreas del gobierno.
El señalamiento político se centra en la pregunta de fondo: por qué destinar recursos de esta magnitud a un evento no esencial en medio de restricciones presupuestales. La crítica apunta a una estrategia de imagen basada en el llamado populismo de exhibición, con la intención de mantener presencia y aprobación pública a través de eventos masivos.
La discusión se cruza además con el argumento de que estos 76 millones de pesos coinciden prácticamente con la cifra mencionada por el alcalde de Chihuahua Marco Bonilla, quien habló de recortes federales por alrededor de 80 millones de pesos para el municipio. Bajo esa lectura, se plantea la comparación política sobre prioridades de gasto y la posible reasignación de recursos hacia apoyos sociales o programas como NutriChihuahua, en lugar de eventos de promoción.
En lo social, el tema se sostiene en la percepción de baja afluencia y escaso impacto real de la carpa mundialista, lo que alimenta la crítica sobre su utilidad pública frente al costo ejercido.
El proceso interno de Morena para definir a sus “coordinadores de comités de defensa de la transformación y la soberanía nacional” en Chihuahua abrió el registro de cuatro aspirantes que buscarán encabezar los trabajos rumbo a la elección de 2027.
Inicialmente se hablaba de dos perfiles, pero el registro terminó ampliándose con la incorporación de Andrea Chávez, Cruz Pérez Cuéllar, el profesor Martín Chaparro y Arrieta Lavenant, quien previamente fue candidato del extinto Partido Encuentro Social.
El profesor Martín Chaparro realizó su registro de manera virtual mediante una plataforma electrónica y posteriormente marcó una postura crítica sobre el proceso, al señalar que los registros presenciales en la Ciudad de México reflejan prácticas alejadas de la austeridad dentro del partido. En su mensaje también cuestionó el nivel de gasto en promoción política y afirmó que el movimiento se ha alejado del discurso original del obradorismo.
En contraste, Andrea Chávez sostuvo que está cansada de quejarse y que ahora buscará tomar las riendas del estado de Chihuahua, mientras que Cruz Pérez Cuéllar presentó un mensaje más reservado y enfocado en su aspiración dentro del proceso interno.
La incorporación de Arrieta Lavenant, exabanderado del Partido Encuentro Social, vuelve a colocar en la discusión la presencia de perfiles que han transitado por otras fuerzas políticas dentro de la estructura de la 4T.
Rosana Díaz terminó por completar el cuadro de aspirantes de la llamada alianza de la Cuarta Transformación.
La diputada, cuya salida de la bancada de Morena apenas hace unos días estuvo rodeada de polémica por la votación relacionada con la reestructuración de la deuda estatal en diciembre de 2025, sorprendió al registrarse por el Partido Verde Ecologista de México para participar en el proceso de selección de coordinadores de defensa de la transformación y la soberanía nacional.
Con ello, ya son cino cinco los perfiles que buscan encabezar el proyecto rumbo a 2027, dejando únicamente al Partido del Trabajo sin presentar un aspirante propio.
La jugada de Rosana Díaz no es menor, pues en caso de resultar favorecida en la encuesta interna podría convertirse en la candidata de toda la alianza integrada por Morena, el Partido Verde y el PT.
Su incorporación no solo amplía la competencia, sino que vuelve a colocar su nombre en el centro de la discusión política local, agregando un nuevo ingrediente a una contienda que cada día suma más actores y más ruido rumbo a la sucesión estatal.
Pero además, su llegada le mete punch al Partido Verde Ecologista de México, que de pronto pasa de ser un simple acompañante de la alianza a tener una carta propia en la mesa de negociación.
En los hechos, Rosana Díaz se convierte también en un factor de peso para la negociación de espacios políticos y posiciones futuras para el Verde dentro de la coalición.
Por eso su registro no pasó desapercibido. Rosana dio la sorpresa y movió el tablero interno de la 4T justo cuando parecía que la disputa estaba concentrada únicamente entre los perfiles más visibles de Morena.
El mismo proceso interno de Morena abrió también el debate sobre la ausencia de filtros reales en la selección de aspirantes a coordinadores, al no establecer mecanismos formales de control más allá del discurso político.
La preocupación se centra en la falta de candados para evitar perfiles con posibles vínculos o antecedentes cuestionables, tomando como referencia el caso de Sinaloa con Rubén Rocha Moya y la señalización de funcionarios vinculados a investigaciones por presuntos nexos con el crimen organizado, algunos de ellos incluso bajo señalamientos internacionales.
La postura crítica señala que la convocatoria se limita prácticamente al registro abierto de aspirantes, mientras que los filtros quedan reducidos a declaraciones políticas de la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, quien ha señalado que quienes no sean aptos o tengan observaciones en su expediente no podrán ser candidatos, sin que exista un mecanismo técnico público que lo respalde.
Desde el PAN, el coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, ha planteado la necesidad de que perfiles como Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez se sometan a exámenes de confianza para descartar posibles vínculos con el crimen organizado.
En ese contexto, la crítica general sostiene que Morena ha privilegiado un discurso de defensa política y soberanía, pero ha dejado sin resolver la implementación de filtros institucionales claros en sus procesos internos de selección.
El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua advirtió que la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado tendrá un impacto directo en su operación, al obligarlo a contratar más personal para poder cumplir con los nuevos plazos de entrega de resultados.
El consejero electoral Luis Gutiérrez señaló que uno de los principales cambios es la obligación de concluir los cómputos a más tardar el sábado siguiente a la jornada electoral, lo que reduce significativamente los tiempos operativos.
La reforma también elimina los recesos durante el conteo de votos, lo que implica que el personal deberá trabajar de manera continua durante al menos tres días, particularmente en la elección de gubernatura.
El Instituto ya analiza el impacto real de estos cambios, incluyendo la comparación entre los tiempos anteriores de cómputo, el número de personas utilizadas y la nueva carga laboral que implicará el modelo aprobado.
Sin embargo, uno de los puntos centrales es que la reforma no contempla un aumento presupuestal para enfrentar estas nuevas obligaciones, por lo que el órgano electoral tendría que gestionar recursos adicionales ante la Secretaría de Hacienda estatal.
El análisis interno también reconoce que los cambios no se limitan al área de cómputos, sino que abarcan nuevas reglas de paridad y ajustes en la operación de casillas, lo que presiona aún más la estructura del organismo rumbo al proceso electoral de 2027.